Palabras de Jan Jarab para el Panel: No dejemos a nadie atrás. La atención de personas con discapacidad en situaciones de emergencia
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2018
Muy buenos días a todas y todos,
Es un honor y un placer estar aquí hoy con ustedes. Saludo cordialmente a la Dra. Mercedes Juan, Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad; a Rafael Avante, Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB; a Ismael Eslava, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a Joaquín Alva Ruiz-Cabañas, Director General de Atención a Personas con Discapacidad de la CNDH, y a todas y todos presentes.
Quiero agradecer la gentil invitación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde la Oficina, consideramos una excelente iniciativa de la CNDH enfocar no sólo en el tema de derechos humanos en situaciones de emergencia – a un año de los sismos del septiembre 2017 – sino particularmente desde la perspectiva de derechos humanos de las personas con discapacidad, un tema frecuentemente eclipsado en México por los otros retos.
Acceso sin discriminación, desafíos socioeconómicos
Ninguno de nosotros estamos exentos de ser afectados por alguna situación de emergencia, pero la vulnerabilidad real de cada uno va depender de nuestras condiciones específicas – incluso, de las condiciones de discapacidad y de nuestro acceso a recursos de mitigación y socorro. Si las medidas que se toman en una emergencia son inaccesibles, las personas con discapacidad pueden verse afectadas de manera desproporcionada.
Entonces, la adopción de un enfoque basado en derechos humanos frente a una situación de emergencia es fundamental. Contar con este enfoque requiere, entre otras cosas, que el acceso a la asistencia humanitaria por parte de las personas afectadas no debe ser de ninguna manera discriminatorio.
Es por ello que debemos cuestionarnos si todas las medidas de evacuación, respuesta y recuperación se están aplicando sin discriminación, para que, como lo señala el título de este encuentro, “no dejemos a nadie atrás” – eslogan de la Agenda 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible, orientados, como sabemos, en superar la desigualdad y discriminación adentro de todas nuestras sociedades.
En este contexto, hay que reconocer la fuerte dimensión socioeconómica del tema. Sabemos que tan sólo el 25% de las personas con discapacidad que trabajan tienen contrato formal y apenas 27% tienen prestaciones médicas derivadas de su empleo, según el documento recientemente publicado por CONAPRED sobre sismos y discapacidad, lo cual representa una barrera en el acceso a los servicios médicos que pudieran requerir las personas con discapacidad después de una emergencia[1].
La Convención y el Comité
La Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de la ONU, ya mencionada, es una convención muy moderna – verdaderamente del siglo 21 – que empuja un cambio de paradigma, desde un enfoque asistencialista hacia un enfoque empoderador, considerando las personas con discapacidad como verdaderos titulares de derechos, y no sólo como pasivos objetos de caridad. Establece que temas de personas con discapacidad ya no se pueden considerar como “asuntos de médicos”, sino asuntos que requieren políticas públicas integrales. Por eso, saludo la producción, por la CNDH, de la guía con recomendaciones para considerar a las personas con discapacidad en protocolos de la protección civil.
Como saben, la Convención establece en su artículo 11 que “En caso de conflicto armado o de desastre natural, los Estados Partes deben adoptar todas las medidas adicionales posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad.”
Nuestra Oficina en Ginebra – la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – publicó en 2015 un estudio enfocado a este artículo en particular, en el cual se señala que es aplicable en situaciones de conflicto, ocupación extranjera o desastres naturales.[2]
Para el Comité encargado de la vigilancia de esta Convención – el Comité que revisará México por la segunda vez en 2019 – es importante que los Estados adopten o reformen los planes y protocolos nacionales de respuesta a situaciones de emergencia, de modo que sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad en su diseño y aplicación. Estas reformas, señala el Comité, deberían incluir a las personas con discapacidad en los planes de evacuación y garantizar las asignaciones presupuestarias necesarias. De hecho, nos parece clave incluir a los representantes de las personas con discapacidad en el proceso del diseño de dichas reformas.
Además de lo señalado por el Comité, quisiera también destacar la importancia de tomar en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad no sólo durante la emergencia, sino también en las medidas post emergencia. La reconstrucción ofrece una oportunidad excepcional de “reconstruir mejor”; no debemos dejar de lado el diseño universal en esta etapa. Además de las personas con discapacidad, se pueden beneficiar del diseño universal también muchas otras personas – mamás con niños, adultos mayores etc.
Les deseo un seminario verdaderamente productivo y, sobre todo, que pueda resultar en cambios.
Fin