Palabras de Jan Jarab para la Segunda Conferencia Internacional “Seguridad y justicia en democracia: hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos”

Ley de Seguridad Interior

En el año pasado, desde que se anunció la intención de legislar en materia de seguridad interior, nuestra Oficina ha tomado un rol bastante visible en la discusión. Junto con nuestros colegas de la CNDH y otros actores hemos expresado preocupaciones sobre lo que nos pareció un esfuerzo de petrificar un modelo que ha resultado en un crecimiento dramático de las graves violaciones de los derechos humanos, con altísimos índices de impunidad. Este modelo tampoco ha dado resultados en términos de seguridad, considerando que 2017 fue el año más violento en décadas, al menos en lo que toca a homicidios. Otro objetivo de las políticas actuales fue reducir la producción y tráfico de drogas, pero en esta dimensión tampoco parecen haber sido particularmente exitosas.

Sabemos que este evento fue planeado para septiembre, se pospuso por causa de los sismos, y antes de que se haya podido realizar, se adoptó la Ley de Seguridad Interior – de manera precipitada, y bajo argumentos de urgencia, de miedo, utilizando la falta de éxito del modelo mencionado como argumento a favor de su continuación, sin permitir una verdadera discusión sobre posibles cambios de dirección.

Respetamos que actualmente esta Ley está siendo objeto de análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, nos interesa conocer el desenlace que tengan las acciones de control constitucional interpuestas ante la Corte. En particular cómo evaluará la compatibilidad de la nueva Ley con el Artículo constitucional que define a la “seguridad pública” como tarea de las corporaciones civiles. ¿Funcionará la táctica de los promotores de la Ley que consistió en introducir un artículo que dice que esta ley no es de seguridad pública… aunque sus propios impulsores, cuando intentan convencer a la ciudadanía, hablan de la necesidad de utilizar a las fuerzas armadas para proteger a las familias de robos y secuestros (asuntos claramente de seguridad pública, del crimen común)? ¿Será suficiente decir “esto no es la seguridad pública”, un poco como lo hizo el famoso pintor belga, René Magritte, con su cuadro de una pipa con las palabras “ceci n´est pas une pipe”, “esto no es una pipa”?

Pero cualquiera que sea el resultado ante la Suprema Corte, la discusión no se debería terminar allá, por dos razones. Primero, porque la compatibilidad de una ley con la Constitución nacional no es lo único que importa: también debería importar cuál será su efecto en la situación de los derechos humanos. Los apoyadores de la Ley no han querido ni mencionar este tema, pretendiendo que simplemente no habrá un efecto. Sin embargo, dada la situación actual, ¿no debería haber sido imperativo por lo menos intentar mejorar la situación, introduciendo nuevas garantías – particularmente cuando aumentan los poderes de las fuerzas armadas?

La segunda razón por la cual la discusión no se puede terminar con la mera cuestión de constitucionalidad de Ley es que el asunto va más allá de la militarización como tal. Para explicar: como Oficina, hemos expresado desde 2007 nuestra preocupación con el involucramiento de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad, y la entonces Alta Comisionada Louise Arbour sostuvo que hay muchos ejemplos internacionales que demuestran que la utilización de las fuerzas armadas en el combate contra la criminalidad no es idónea, porque tienen una formación distinta, entrenamiento distinto, filosofía distinta (lo dijo varias veces el propio Secretario de Defensa, que estas tareas “desnaturalizan” a los militares). En la Oficina del Alto Comisionado hemos sido consistentes, junto con nuestros colegas expertos del tema de seguridad, en nuestro llamado al fortalecimiento de las corporaciones civiles y el retiro paulatino de las fuerzas armadas de estas tareas (paulatino: todos entendemos que no puede ser inmediato). Un país democrático de derecho no puede contentarse por décadas con la excusa de que sus policías son demasiado débiles, incompetentes o infiltrados para proteger a la ciudadanía del crimen: claro que se necesita fortalecer y profesionalizar a estas corporaciones, y nos parece poco probable que esto se logre a través de una Ley que consagra el rol protagónico de las fuerzas armadas.

Más allá de “militares o policías”

Sin embargo, el asunto va más allá de la cuestión “militares o policías”, porque son igualmente importantes las herramientas legales (del uso de la fuerza) la cultura de actuación que tienen unos y otros. De hecho, como nos alertó el ex-Relator para las ejecuciones extrajudiciales Christoph Heyns, cuando las policías operan por muchos años en estrecha colaboración con las fuerzas armadas, o bajo el mando de militares o ex militares, tienen la tendencia de asumir el mismo modus operandi, de “destruir al enemigo”. Y al revés, donde los militares están claramente operando en un contexto de un estado de derecho, se comportan de manera responsable y sin abusos.

De hecho, los apoyadores de la LSI frecuentemente citan el rol de los militares en la protección contra el terrorismo en varios estados europeos (Bélgica, Francia…). Pero hay que recordar que estos militares no están liderando operativos, sino asegurando, por su presencia, la seguridad en las calles; que hasta la fecha no han matado o desaparecido a nadie, mucho menos a los inocentes. Recordemos que aún en los países donde además de terrorismo existe un gran problema de delincuencia organizada, como en Italia, la policía militarizada (los “carabinieri”) no están realizando enfrentamientos sangrientos y de hecho, el índice de homicidios en Italia sigue siendo muy bajo, 0.75 por 100,000 – en México, fue de 16 por 100,000 en 2016 y hoy por hoy está creciendo hasta más de 20 por 100,000, sin que se sepa cuántas de estas muertes son atribuibles al crimen organizado, cuántas a las propias autoridades, y cuántas a la violencia ni siquiera organizada, caótica, que florece en un contexto de impunidad.

Lo que sí está documentado, aunque de manera muy fragmentaria, sólo en forma de la punta de iceberg, es el hecho de que las graves violaciones de los derechos humanos en México son cometidas por fuerzas de varios tipos. Cuando la lógica es de “guerra”, de exhibir los cuerpos de los enemigos destruidos como prueba del éxito, y cuando hay garantías que en nombre del “combate a la delincuencia” se puede matar o desaparecer con impunidad… finalmente no importa tanto de que carácter es la corporación. Las fuerzas armadas: podemos mencionar el infame caso de Tlatlaya, el caso Alvarado. Pero también las policías federales – Tanhuato – o estatales. De hecho, no nos olvidemos de los gobiernos estatales que se han presentado como “mano dura”, combatiendo al crimen organizado.

En su reciente libro El Deshabitado, el poeta Javier Sicilia recuerda que en 2011 el entonces Gobernador de Veracruz, Javier Duarte se expresó frente a los treinta y cinco cadáveres arrojados sobre las calles de Boca del Río, diciendo con orgullo que “Es muy claro: Estamos combatiendo como nunca antes el crimen.” Hoy por hoy, el propio ex Gobernador Javier Duarte – quien “combatió como nunca antes el crimen” – pasó de ser prófugo a ser procesado. Sabemos que se han descubierto muchas fosas clandestinas en el estado de Veracruz, desde las más de 250 víctimas en las Colinas de Santa Fe, descubiertas por las valientes mamás del colectivo Solecito, hasta las fosas en la propia capital Xalapa. Ayer dijo el actual fiscal del Estado de Veracruz, Jorge Winckler, que las desapariciones forzadas en Veracruz, bajo Javier Duarte, eran “sistemáticas e institucionalizadas” – y no reportadas en las estadísticas oficiales. ¡En el Estado de Nayarit, el Fiscal de Estado que se estaba exhibiendo como “mano dura” en combate al crimen organizado, fue finalmente detenido en los Estados Unidos… por narcotráfico!

Sin embargo, ¿hemos verdaderamente aprendido la lección? ¿No se nos presentan otros actores demostrando que se logró matar a “los malos”, lo que supone ser un avance para la seguridad? Aunque la experiencia de los últimos años nos muestra que una política de “mano dura” con poca atención a los derechos humanos no sólo no es humana, sino también resulta ineficiente, nutriendo un círculo vicioso, y en muchos casos ni siquiera es sincera, porque después se revela que sus protagonistas están o estuvieron, ellos mismos, involucrados con el crimen organizado.

Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo pasar a una política de seguridad que los titulares de derechos en este país merecen y necesitan? El primer paso, en mi opinión, es reconocer que se debe desarrollar una política de seguridad que necesitan los titulares de derechos, y no de las distintas corporaciones cuyas necesidades, y sobre todo intereses, pueden ser bastante específicos.

Nuestra Oficina habla frecuentemente de la necesidad de la seguridad ciudadana, como lo ha hecho el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que exigió ya en 2011 “poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana”. Sin embargo, hay que entender la palabra “ciudadana” en un sentido amplio que incluye no sólo a los mexicanos, sino también a los migrantes que transitan por México o lo escogen como su país de destino. Ellos, también, son titulares de derechos, aunque están en situación irregular; los migrantes sufren mucho de la inseguridad, son frecuentes víctimas del crimen ordinario y organizado… y de las políticas actuales de seguridad.

Hablo también de manera deliberada, de la seguridad que merecen y necesitan los titulares de derechos – de la seguridad que se necesita para que los mexicanos y migrantes, al nivel individual y colectivo, puedan gozar de todos los demás derechos humanos. Y no sólo de la seguridad para las clases altas y medias, sino de todos los mexicanos menos privilegiados. Es probable, de hecho, que uno de los motivos de las dificultades de la actual política de seguridad es precisamente su carácter elitista – que se propone a las clases más privilegiadas de protegerles del crimen, tal vez utilizando métodos ilícitos, y los integrantes de las clases altas y medias saben que en general, ellos no son los “torturables”, los que pueden ser desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente. Y el escándalo se percibe sólo cuando los autores de estas violaciones se equivocan – cuando, por ejemplo, matan por engaño a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.

Hay que enfocarse en una verdadera seguridad, basada en el respecto incondicional de los derechos humanos, no sólo para las élites y la clase media, sino también para las enormes clases menos privilegiadas que hoy por hoy sufren gran parte de la violencia en la sociedad mexicana profundamente desigual y clasista.

Conclusión

Como Oficina no tenemos una solución mágica del complejo problema de la inseguridad en la República mexicana. Pero sí hay que insistir que una alternativa a la política actual es posible. Permítanme, entonces, terminar con seis propuestas – sin duda nada sorprendentes y de hecho compartidas con muchos actores de la academia y la sociedad civil mexicanas:

1. Diálogo genuino sobre alternativas: en este año electoral será tal vez aún más difícil, dado que todo debate será visto con una perspectiva de “quién ganará más votos”,pero por otro lado, es un año en el cual los candidatos tienen que presentar sus propuestas también para la política de seguridad – y hay que insistir que estas sean claramente vinculadas con la dimensión de derechos humanos.
2. Fortalecimiento de las corporaciones civiles y retiro paulatino de las fuerzas armadas, que deberían ejercer sólo un papel residual, subsidiario, cada vez menor, bajo estricto control civil, cualquier que sea el resultado de las acciones de inconstitucionalidad de la LSI.
3. Énfasis no sólo en la dimensión represiva, sino en la prevención.
4. Énfasis respecto de los mecanismos de control a los derechos humanos… y el fortalecimiento de los mismos, particularmente si se mantienen nuevos poderes de las fuerzas armadas. Se necesita la adopción de nuevas reglas del uso de la fuerza para todo tipo de corporaciones. Se necesita la adopción de reglas de transparencia y rendición de cuentas y el combate contra la corrupción.
5. Cambio radical en el ámbito de procuración de justicia, para que se reduzca la impunidad de la cual gozan todo tipo de perpetradores, desde los integrantes de grupos criminales hasta los servidores públicos corruptos o los que violan los derechos humanos.
6. Necesitamos fortalecer los derechos de las víctimas y su acceso a la justicia y a la reparación integral.

Les reitero el compromiso de nuestra Oficina de seguir acompañando la sociedad mexicana en los esfuerzos de reformar la política seguridad, y les agradezco por su atención.

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* La Segunda Conferencia Internacional “Seguridad y justicia en democracia: hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos” fue organizada por la CNDH y la UNAM del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, en la Ciudad de México.

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