Palabras de Jan Jarab – Presentación del Informe “Violencia y Terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017”

• con David Fernández, Rector de la Universidad Iberoamericana, que se ha convertido en un verdadero pilar de derechos humanos en México, y con el equipo del Programa de Derechos Humanos;
• con las y los colegas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de Artículo 19;
• con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, que encarna las tendencias más prometedoras, la promesa del cambio, en el actual Gobierno;
• pero además de mis co-panelistas, también con Santiago Corcuera, Presidente emérito del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas,
• con Doña María Herrera, una persona a quien admiro mucho, y que representa la valentía de las familias de las personas desaparecidas;
• y con todas y todos Ustedes, incluso, con periodistas comprometidos.

Destaco el rol de la prensa como una de las fuentes de este Informe.

Antes que nada, quiero felicitar a las autoras y los autores de esta obra. Es un Informe importantísimo, (por lo menos) por dos motivos.

Primero, por su contribución sustantiva – porque aumenta nuestro conocimiento de la situación. Y segundo, porque supone un esfuerzo sostenido de largo plazo y porque es fruto de la sinergia entre una academia comprometida con su entorno y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a elaborar radiografías más acabadas acerca del contexto en el que operan.

Permítanme, por favor, hacer algunos comentarios desde la perspectiva de las instancias internacionales de derechos humanos. En su reciente visita a México, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó como “aterradores” los datos relativos a personas desaparecidas, cuerpos sin identificar y fosas clandestinas en el país. Meses antes, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada observó con preocupación la falta de datos confiables sobre las desapariciones, el escaso número de condenas y la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas.

El Informe que se presenta el día de hoy sobre fosas clandestinas en México representa una contribución importante para nuestro conocimiento de esta realidad desgarradora. Pero como el Informe mismo lo reconoce, el universo real de fosas clandestinas en México es mayor a lo que se documenta en él. Cómo dijo el Rector David Fernández, seguimos sin conocer la magnitud del problema. Cómo sin duda nos puede explicar la Comisionada Karla Quintana, están surgiendo cada vez más fosas, porqué la Comisión Nacional de Búsqueda finalmente empezó a funcionar; porqué más apertura por parte del Estado genera más confianza; y todo esto provoca más hallazgos, que probablemente van a seguir en el futuro próximo. Además, hay que sumar a ello los miles de cuerpos inhumados sin identificar en las fosas comunes y los cuerpos que permanecen en las morgues.

Las estadísticas son muy importantes. Sin embargo, cómo también ya mencionó el Rector, tenemos que ver más allá de las estadísticas. No debemos olvidar que detrás del número de fosas clandestinas hay historias de personas privadas de la vida violentamente (…en su mayoría personas muy jóvenes) e inhumadas de manera ilícita; cuerpos a los que se les pretende negar una honra fúnebre y que con su indebida sepultura se manda un mensaje a la sociedad de prepotencia, al tiempo que se siembra una despreciable aspiración de ocultar, posponer o dificultar la develación de la verdad y la realización de la justicia. Se trata, además, de un mensaje que trasciende y trastoca a las familias de las personas inhumadas y socava seriamente la credibilidad del Estado – particularmente cuando se trata propiamente de desapariciones forzadas, esto es, aquellas que son perpetradas por las fuerzas del Estado directamente o en colusión con actores no estatales.

Derivado de la experiencia a nivel mundial, los organismos de derechos humanos han desarrollado una serie de estándares relevantes para abordar el tema de personas desaparecidas que han sido ultimadas y enterradas. Pienso, por ejemplo, en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (recientemente revisado) y en los Principios Rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, adoptados hace unos cuantos meses por el Comité contra la Desaparición Forzada, a los cuales contribuyeron también las familias de personas desaparecidas y la sociedad civil mexicanas, a través de las consulta lideradas por Rainer Huhle, integrante del Comité y protagonista del mencionado esfuerzo.

A la luz de lo que el Informe nos muestra, así como de la evidencia que nos arrojan otros reportes tanto periodísticos como institucionales en la misma materia, México precisa dar pasos significativos en al menos los siguientes seis rubros para revertir la situación imperante:

1. Erradicar los niveles de violencia prevalecientes con un enfoque de derechos humanos. El Informe claramente nos muestra como el número de fosas clandestinas se relaciona estrechamente con otros indicadores de violencia, especialmente con la tasa nacional de homicidios. (En este contexto, saludo a Ernesto López Portillo, veterano de los esfuerzos por cambiar las estrategias en materia de seguridad pública).
2. Adoptar el registro nacional de fosas, mismo que, como lo dispone la Ley General en materia de personas desaparecidas, deberá concentrar la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que se localicen.
3. Emitir, con base en los más altos estándares internacionales en la materia, el programa nacional de exhumaciones, mismo que también se deriva de la ley general ya aludida.
4. Atender la “emergencia forense”, como la calificó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en noviembre pasado, a través de dos medidas complementarias: por un lado, mediante la adopción de un mecanismo de asistencia extraordinario y, por el otro, mediante la instrumentación de un proceso de reforma profunda de los servicios forenses en México. Se trata de un tema que ha sido ampliamente reconocido por el actual Gobierno, e incluso por el propio Presidente, de manera pública.
5. Avanzar en la generación de sistemas de registro de información, archivos, transparencia y acceso a la información. A la clandestinidad de las fosas no se debe agregar la clandestinidad de la información. Es urgente contar con información fiable, homologada (…sin las discrepancias mencionadas en el Informe…) y accesible, que permita generar una política pública enfocada al cambio y a la materialización de resultados. De hecho, me parece muy importante que esta segunda edición del Informe contenga un capítulo sobre el tema de transparencia, y saludo el rol de Artículo 19 y la importancia de insistir en esta dimensión.
6. Fortalecer las capacidades de investigación que haga posible no solamente saber el número y localización de las fosas, el número e identidad de las personas, sino también la identificación y sanción de los responsables. El mapa del horror que se refleja en las fosas clandestinas solamente podrá remontarse mediante estrategias efectivas de combate a la impunidad y aplicación de medidas punitivas en contra de quienes desaparecieron y cegaron la vida de miles de personas inhumadas de manera ilícita.
   La Oficina que represento no solamente está consciente de las medidas que se están adoptado en esta dirección a nivel nacional, sino que también las saluda, acompaña y asesora. Estas medidas, para dar los frutos deseados, deben ser secundadas por las autoridades locales y contar con la participación efectiva y constante de las familias, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la academia, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional.

No quiero terminar mi intervención sin encomiar a las familias que tienen a un ser querido desaparecido, claman por encontrarlo y no cejan en exigir a las autoridades el cumplimiento de su deber. En no pocas ocasiones son ellas mismas quienes -exponiéndose a jornadas extenuantes y a riesgos mayúsculos- realizan las búsquedas y dan con los hallazgos macabros. El Informe acierta en ser dedicado a ellas, pues son dichas personas las que le dan cabal significado al trabajo en materia de derechos humanos.

Finalizo externando mis felicitaciones a las autoras y a los autores del Informe, al programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y a Artículo 19. Gracias por ayudarnos a desenterrar un problema apremiante que no merece ser sepultado en la fosa del silencio, la indolencia y la desmemoria.

¡Por su atención, muchas gracias!