Palabras de Jesús Peña para la “Presentación de herramientas sobre combate a la tortura desde la defensa”

Apreciamos la gentil invitación por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública, entidad del Poder Judicial de la Federación que ha venido jugando un rol central en la documentación y el combate a la tortura, así como en la garantía del derecho a la defensa adecuada y la promoción de los derechos humanos.

En un día tan relevante, quiero empezar por honrar a las víctimas de tortura, personas sobrevivientes de tortura. A los seres humanos que padecieron la afrenta de ser lastimados en su dignidad e integridad personal. A quienes se pretendió anular en su personalidad. A quienes enfrentaron una conducta atroz que no admite excusa o justificación alguna.

La fibra moral que distingue a las personas sobrevivientes de tortura, su resistencia y resiliencia, su extraordinaria capacidad de sobreponerse al peor de lo suplicios, es una fuente de inspiración, un testimonio palpable de la fortaleza del ser humano.

De igual forma, quiero reconocer a quienes defienden y representan a las personas sobrevivientes de tortura, desde los espacios públicos y de la sociedad civil. A quienes les brindan el soporte y acompañamiento para vencer el miedo y sacudirse la muy explicable parálisis que pretende generar una conducta abominable, que aspira a doblegar y rendir a quien la sufre.

Aunque el derecho internacional prohíbe absolutamente la tortura, hay que reconocer que esta práctica -que ”destroza vidas y degrada la humanidad”, como sostuvo el Alto Comisionado, Volker Türk, el día de hoy-, se sigue perpetrando en todo el mundo, México incluido.

Si bien el país ha registrado avances que merecen ser reconocidos (porque son el fruto del trabajo y el esmero de muchas personas y su materialización nos impulsa a seguir esforzándonos), hay que reconocer que los desafíos perduran y deben afrontarse decididamente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad de 2021, aproximadamente 4 de cada 10 personas privadas de la libertad manifestaron haber sido maltratadas durante su interrogatorio, un 20% haber declarado debido a agresiones físicas y un 15% de las mujeres expresaron que sufrieron agresiones sexuales en el contexto de la detención. Por desgracia, la tortura también ha sido practicada en otros contextos de privación de la libertad vigentes en México, como son los espacios de control migratorio y de detención de población migrante, así como en los centros de atención a personas con discapacidad psicosocial o personas usuarias de sustancias ilícitas.

Justo el día de hoy, en ocasión del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, desde ONU-DH sacamos un comunicado público en el que hacemos un llamado a las autoridades recientemente electas, de los tres niveles de gobierno, a adoptar una agenda para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y atender las obligaciones y recomendaciones que los órganos internacionales han formulado sobre el tema.

Nuestra premisa es clara, las personas sobrevivientes de tortura demandan acciones puntuales y éstas no pueden posponerse.

La Ley General, publicada hace exactamente siete años, ha sido reconocida como un marco legal de avanzada. Además de incluir el tipo penal de tortura y otras medidas concretas para la protección de las personas frente a esta grave violación a los derechos humanos, la Ley prevé la obligación de emitir una serie de instrumentos para alcanzar el objetivo de erradicar una conducta contraria a derechos humanos.

Sin embargo, a siete años de la entrada en vigor de la Ley General, aún hay pendientes importantes en cuanto a su cumplimiento. El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no ha sido adoptado. La Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, siendo un esfuerzo loable, no suple la obligación de adoptar una política pública que establezca las bases para combatir la tortura a nivel nacional.

Los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes. La impunidad es la constante. Muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura. La impunidad incrementa el estrés de las víctimas y hace que también persista una sensación de miedo, ansiedad y vulnerabilidad.

Persiste una deuda para la atención y reparación a las personas sobrevivientes de tortura. La Ley General prevé la adopción de programas de rehabilitación, mismos que no han sido adoptados por la Federación, ni por las entidades federativas. Como consecuencia, las comisiones de víctimas y otras instancias responsables carecen de las herramientas para abordar la complejidad de la tortura y brindar una debida atención y reparación a las personas sobrevivientes.

Adicionalmente, el acceso a los servicios para satisfacer las necesidades de las personas sobrevivientes se encuentra supeditado a la resolución de un largo y extenuante proceso legal, que va desde el reconocimiento de la calidad de víctima hasta el otorgamiento de medidas de reparación.

La existencia de la prisión preventiva oficiosa y el abuso en la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, ha ocasionado que cerca de 90 mil personas están privadas de la libertad sin haber recibido aún sentencia (casi el 40% de la población penitenciaria a nivel nacional). Aproximadamente 30 mil personas privadas de la libertad llevan más de dos años en prisión sin haber recibido aún sentencia.

La situación de las personas privadas de la libertad (PPL, como se les denomina) se traduce en violaciones cotidianas a sus derechos humanos y los de sus familiares. De acuerdo con cifras oficiales, 134 centros penitenciarios del país están sobrepoblados. Esta circunstancia, los traslados indiscriminados y la falta de recursos suficientes para los sistemas penitenciarios han incrementado el estado de vulnerabilidad de las PPL, afectando especialmente a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres, como refleja los suicidios ocurridos en el Cefereso 16 en Morelos, casos a los que la Defensoría Pública Federal ha acompañado y que deben ser debidamente investigados y prevenidos. La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene desafíos en su implementación y las y los jueces de ejecución enfrentan diversos obstáculos para hacer cumplir sus determinaciones. Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a pesar de los esfuerzos loables que despliega, sigue sin consolidarse en la práctica a efecto de potenciar su mandato y materializar sus recomendaciones.

Las salvaguardas en la detención son con frecuencia incumplidas. Una parte relevante de las personas que son detenidas no tienen acceso rápido a una persona abogada, ni son examinadas por personal médico. Además, no todas las detenciones se reflejan en el Registro Nacional de Detenciones.

La tortura y los malos tratos, hay que decirlo, son susceptibles de ser erradicados. Para ello, desde la ONU-DH proponemos, entre otras medidas:

1. Emprender las modificaciones necesarias para la adopción de la política programática y demás instrumentos para la implementación de la Ley General.
2. Fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dotándolo de mayores recursos, así como de autonomía operativa y en la toma de decisiones.
3. Robustecer a los jueces de ejecución y los criterios de control judicial respecto a las salvaguardas durante la detención, al uso de la regla de exclusión de las pruebas obtenidas bajo tortura y la derivación para investigación de las denuncias de tortura o malos tratos.
4. Eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
5. Asegurar la utilización excepcional de la prisión preventiva como medida cautelar, incluyendo el fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como adoptar medidas que permitan mejorar las condiciones de detención.
6. Reforzar el Registro Nacional de Detenciones, obligando a las Fuerzas Armadas a registrar las detenciones que efectúan al realizar labores de seguridad pública, así como incluir otros ámbitos de privación de la libertad, particularmente las detenciones administrativas de migrantes y las de personas con discapacidad psicosocial.
7. Iniciar un proceso de fortalecimiento de la defensa pública a nivel nacional, idealmente liderado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
8. Investigar de forma adecuada, diligente, efectiva e imparcial la tortura, para lo cual se requiere fortalecer a las fiscalías especializadas, robustecer la documentación de casos de tortura tomando como base el Protocolo de Estambul, consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito.
9. Fortalecer los servicios periciales y forenses, dotándolos de las capacidades, recursos e independencia para desarrollar a plenitud su función.
10. Adoptar un enfoque diferenciado e interseccional que privilegie la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y preste atención especial a las formas exacerbadas de exposición a ser víctimas de tortura y malos tratos.

Reiteramos, para la ONU-DH el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad para velar por los derechos de las víctimas, garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal, y promover las reformas legales, programas y demás instrumentos necesarios para materializar la prohibición absoluta de la tortura y apoyar a las personas sobrevivientes de tortura.

A cuarenta años de la adopción de la Convención contra la Tortura debemos redoblar esfuerzos y comprometernos a materializar sus contenidos, como nos lo recordaron esta mañana los mecanismos de Naciones Unidas que combaten la tortura. En este empeño será crucial atender las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. A inicios de julio se conocerá la respuesta del Estado mexicano a las recomendaciones formuladas en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos. En el mes de septiembre, se presentará el Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. La reconocida apertura del Estado mexicano al escrutinio y la cooperación internacional se seguirá nutriendo de diagnósticos y alternativas de solución que alentamos formen parte de la agenda a construirse.

En este marco y ante el contexto actual, queremos hacer notar que la discusión en curso sobre una eventual reforma al poder judicial debe expandirse al sistema de justicia en su conjunto y responder efectivamente a los temas de preocupación de la gente. Una reforma de esta naturaleza debe partir de un diagnóstico claro, basado en evidencia; ser el fruto de un dialogo incluyente, honesto y plural; y debe orientarse a materializar resultados tangibles sujeto a plazos verificables.

Hay premisas que no deben comprometerse; por el contrario, deben consolidarse. El respeto a la independencia judicial, a un juicio justo e imparcial, a la defensa adecuada, a la presunción de inocencia y a la libertad personal, entre otros derechos básicos, son elementos insoslayables para la vigencia de un Estado de Derecho y para la ejecución efectiva de un estado de derechos.

También debe partir del reconocimiento al destacado rol que ha desempeñado el Poder Judicial de la Federación en la lucha contra la tortura. Los criterios que desde al menos hace diez años han emanado de los tribunales federales (varios de ellos impulsados por la Defensoría Pública Federal) han sido una de las principales herramientas para la prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura.

Instrumentos como las que se presentan esta tarde nos muestran la disposición de una institución clave como los es la Defensoría Pública Federal de adoptar medidas prácticas e innovadoras para combatir conductas aún presentes en el sector de la seguridad y la justicia, como son la tortura y los malos tratos. Nuestro reconocimiento al Instituto Federal de Defensoría Pública, en espacial a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, así como al Laboratorio de Litigio Estructural, por esta caja de herramientas.

En un día como hoy, no puedo dejar de apreciar el trabajo diario del Instituto Federal de Defensoría Pública que se ve reflejado también en casos como el de Brenda Quevedo, donde la intervención de la Defensoría ha sido clave para que obtuviera el cambio de su medida cautelar de prisión preventiva a la que llevaba sometida por más de 15 años.

Desde ONU-DH, refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando con el Instituto de la Defensoría Pública para prevenir y combatir la práctica de la tortura.

Cierro con un mensaje de redignificación a las personas sobrevivientes de tortura y la reiteración de nuestro compromiso de seguir acompañándoles en sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación. La violencia extrema que han enfrentado no es normal, debe sancionarse. Las secuelas físicas y psicológicas multidimensionales, sus efectos devastadores (no solo en su perjuicio, sino también en el de sus familias y comunidades), amerita ser atendida de forma sensible, profesional y diligente. En éste y en todos aquellos objetivos que les permitan rehacer sus proyectos de vida desde la Oficina seguiremos empeñando parte esencial de nuestros esfuerzos.

¡Muchas gracias!