Palabras de Jesús Peña para la presentación pública de la colección “Fue el Estado: 1965-1990”.
16 de agosto de 2024. Muy buenos días. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un honor poder participar en la presentación del día de hoy. Les agradecemos la oportunidad que nos brindan, al tiempo que expresamos nuestra disposición de acompañar los sucesivos ejercicios que se realicen en el marco de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, cuyo mandato – según el Decreto Presidencial que la creó- está próximo a vencer el 30 de septiembre. Esta disposición, particularmente, la subrayamos hacia la comisionada Eugenia Allier y su equipo de trabajo.
Asistimos aquí con una profunda convicción: es la convergencia de voluntades y la afinidad de propósitos, la única fórmula que permitirá materializar los postergados e incumplidos anhelos de justicia, verdad, búsqueda efectiva, memoria, reparación integral y garantías de no repetición.
Dichas aspiraciones -cabe aclararlo- son algo más que anhelos, son derechos, derechos humanos, que están reflejados en el marco de las obligaciones jurídicas albergadas en disposiciones de tratados y otras fuentes del derecho internacional.
La Comisión de la Verdad, con sus cinco instrumentos, nace como un triunfo de las personas sobrevivientes, de las y los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, y de los actores solidarios que les han acompañado. La creación de la Comisión de la Verdad, en sí mismo, fue un factor que reconoció el poder de las víctimas y realzó su dignidad, así como una muestra de voluntad del Gobierno del Presidente López Obrador y parte de sus colaboradores para avanzar en una agenda históricamente soslayada por el Estado.
Desde la creación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico hemos podido atestiguar como las víctimas han estado en el centro; ha primado el enfoque de derechos humanos; ha permeado la deliberación (robusta, incisiva y vigorosa); se han realizado importantes esfuerzos para favorecer la escucha y la participación; y ha quedado claro que el objetivo ha sido delinear la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, mismas que – hay que reiterarlo- perseguían solidificar, encumbrar y perpetuar a un régimen autoritario y de privilegios, someter y controlar a la sociedad, infundir miedo, reprimir el disenso y anular la diversidad.
Los retos no han sido ni pocos, ni menores. Sobre todo, es preciso señalar las resistencias para colaborar por parte de las estructuras castrenses y los aparatos de seguridad e inteligencia; así como las limitaciones para hacer realidad que los culpables rindan cuentas ante la justicia y colaboren con la búsqueda de la verdad.
Pese a los obstáculos y los desafíos, las discrepancias internas y las expectativas acumuladas, albergamos la confianza de que el resultado del trabajo que se presentará el día de hoy (y aquellos que vendrán después, entre ellos el elaborado por Eugenia Allier), brindarán en su conjunto un mosaico que hay que terminar de armar. Un mosaico que refleje el elemento faltante para materializar el reencuentro con el ser querido que ha sido desaparecido forzadamente; que apuntale el castigo a los responsables; que perfile la verdad sobre lo ocurrido, sus casusas y sus consecuencias; que dibuje, de forma indeleble, aquello que no debe olvidarse; y que delinee un mejor futuro, a partir de un programa transformador que abone a las respuestas deseadas y a la adopción de medidas efectivas para evitar la reproducción de conductas semejantes.
Alentamos a que la presentación de hoy sea recibida con genuina apertura, sin preconcepciones o prejuicios. Que sea el conocimiento íntegro de lo que aquí se dará a conocer lo que determine la valoración objetiva de un trabajo de meses por un equipo humano muy profesional y comprometido con los objetivos de la verdad, la justicia y el esclarecimiento histórico, que abordó con nueva información y análisis una gran diversidad de causas, dinámicas y víctimas, conscientes que la acción represiva del Estado alcanzó a una gran variedad de personas.
Abonemos todas y todos al mejor cierre de esta etapa para construir juntas y juntos los siguientes pasos que debemos dar.
Como dijo una familiar de una persona desaparecida en una reciente reunión, “queremos certeza sobre lo que viene; pues nosotros vamos a seguir. Nada nos ha detenido. Nada nos va a detener”.
Nos sumamos a la fuerza de su palabra y alentamos a las próximas autoridades a reforzar el compromiso y su alianza con las víctimas. Solo una voluntad infranqueable (que analice, estudie y retome las pertinentes recomendaciones que hoy y en otros informes y productos de la Comisión más adelante se darán a conocer) permitirá que el esfuerzo no haya sido en vano, y que sea la frustración y la desesperanza que embarga a las víctimas y sobrevivientes la que desaparezca.
En palabras del Relator Especial de Naciones Unidas en la materia: “El principal reto consiste en reforzar los incentivos que reciben los gobiernos para la aplicación [de las recomendaciones]. Esto no sucederá sin una sociedad civil atenta e implicada y una comunidad internacional colaboradora.”
Concluyo reiterando el compromiso de la Oficina de seguir acompañando a las víctimas y sobrevivientes, a las autoridades, a las organizaciones acompañantes, a los sectores de la academia y del periodismo, así como a todos aquellos actores comprometidos con la ardua tarea de construir un futuro justo, integrador y sostenible; basado en la confianza y el respeto a los derechos humanos; que promueve la inclusión, la no discriminación, la pluralidad y la tolerancia; que rechaza el abuso de poder y la arbitrariedad, y combate la impunidad.
¡Muchas gracias!
Fin