Palabras de María Luisa Bascur para la Ceremonia de adopción del plan de contingencia “Alerta para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Chihuahua”

Sr. Javier Corral, Gobernador de Chihuahua; Sr. Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; autoridades de los tres poderes del gobierno; representantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y representantes del Consejo Consultivo; integrantes de la sociedad civil, incluyendo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, familiares y compañero/as de las personas cuya memoria se acaba de honrar en la inauguración de esta ceremonia,

Buenos días a todas y todos,

Desde la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos saludamos la adopción del plan de contingencia de la alerta para personas defensoras de y periodistas de Chihuahua.

Primero, reconocemos que periodistas y personas defensores de derechos humanos en Chihuahua hayan depositado su confianza tanto en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección así como en las autoridades del Estado de Chihuahua. El hecho de solicitar la alerta y de haber jugado un rol clave en la construcción de este plan de contingencia es alentador y nos muestra el potencial que puede tener una herramienta construida desde un proceso de consulta participativo y amplio.

Segundo, reconocemos los esfuerzos tanto autoridades federales como autoridades estatales en la construcción de este plan. A nivel federal, ha habido un impulso desde la Secretaria de Gobernación para lograr que esta alerta pueda ser una herramienta efectiva y genuina y se haya logrado involucrar a autoridades que van más allá de aquellas que integran la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección (tales como la Conagua, Sedatu y Sermarnat). Asimismo, se reconoce que las autoridades estatales estén generando las condiciones para que la alerta pueda prosperar y ser implementada por una número amplio de autoridades, incluyendo la Fiscalía del Estado, la Comisión de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Seguridad Pública. El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección también ha jugado un rol clave en asegurar que el plan de contingencia que hoy se adopta sea una herramienta con medidas integrales, concretas y que sean el resultado de amplias consultas.

Igualmente, saludamos desde el Alto Comisionado el énfasis que tiene este plan de contingencia en la prevención de futuras violaciones a derechos humanos y no solo un abordaje ex post de las agresiones. Esto lo hace una herramienta única en México. Sin duda las medidas preventivas son aquellas que tienen el mayor efecto multiplicador y el más duradero por su naturaleza estructural, pero suelen ser complejas para construir por las múltiples dimensiones sociales, económicas y políticas que suelen figurar en el origen de ellas.

Es promisorio, por lo tanto, que en este plan de contingencia se aborden de forma específica variadas situaciones tales como la de la Sierra Tarahumara, la de las mujeres trabajadoras en maquilas, la de las personas migrantes y de la comunidad LGBTTI, entre otras.

No obstante todo lo anterior, la coyuntura actual no nos permite ser autocomplacientes. A pesar de que haya existido una alerta desde 2016 para el Estado de Chihuahua, no fue suficiente para prevenir los asesinatos de al menos dos defensores de pueblos indígenas (Isidro Valdenegro y Juan Ontiveros) y una periodista (Miroslava Breach). Estas son las agresiones más visibles, muchas otras no se ven pero suelen generar el efecto inhibidor que impide que personas defensoras hagan su trabajo o periodistas sigan reportando. No podemos dejar de lado también a aquellas personas periodistas y defensoras que están desplazadas tanto en el país como en el exterior para resguardar su integridad.

Existe una exigencia, tanto nacional como internacional, de asegurar que las condiciones sean las adecuadas para que se pueda reportar sin censura o temor a represalia; para que se pueda defender los derechos humanos sin temer por su vida.

Últimamente y en particular después de los asesinatos de Miroslava Breach, Miriam Rodríguez y Javier Valdez quedó muy claro que el Mecanismo de Protección era solo una parte de una política pública más amplia. Que está necesitaba ser reforzada principalmente en su componente de acciones por parte de las entidades federativas y en materia de impunidad.

Este plan de contingencia se enmarca dentro de las acciones que ya está tomando por el Estado de Chihuahua para abordar estas problemáticas. La transformación de la Fiscalía de Chihuahua, incluyendo a través de la creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación de Violaciones a derechos Humanos es un paso en el correcto sentido. Asimismo, reconocemos los esfuerzos del Congreso de Chihuahua para llevar a cabo una consulta en diferentes lugares del Estado sobre una iniciativa de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. La intención de regular la publicidad oficial por parte del Gobierno del Estado representa una interesante iniciativa que nuestra Oficina seguirá de cerca.

Aun así, los esfuerzos que se requieren van a tener que ser doblados y reforzados para mandar un claro mensaje de que no se aceptan ningún tipo de agresión contra personas defensoras y periodistas. Para esto, no solo las autoridades tienen el deber de omitir hacer cualquier declaración estigmatizante sino también de hacer actos de reconocimiento a la labor de personas defensoras y periodistas. Instamos igualmente a que se hagan todos los esfuerzos por parte de las autoridades para comunicar, de forma que respete el sigilo de la investigación, los avances en las investigaciones de delitos graves cometidos contra personas defensoras y periodistas.

Nuestra Oficina ya ha proporcionado un documento con los estándares internacionales que se pueden adoptar por los Estados como acciones preventivas para asegurar las condiciones para ejercer la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos. Manifestamos nuestra disponibilidad a implementar aquellas acciones que nos competen dentro del plan de contingencia así como nuestro apoyo al Estado de Chihuahua en otras acciones. Esta nueva etapa, la de la implementación del plan de contingencia, será clave para juzgar la idoneidad de esta herramienta y su potencial efecto transformador de realidades donde existe injusticia, riesgo y precariedad. Tenemos confianza que esta mancuerna entre autoridades federales, estatales, Mecanismo de Protección y sociedad civil puede aportar a revertir esto y que constituye un referente tanto para otras entidades en la república mexicana como en otros países.

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Fin