Participación de Guillermo Fernández-Maldonado en el webinar “Mecanismos de protección para personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la desaparición del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas”

Quienes defienden los derechos ambientales son actores fundamentales para la protección y promoción de los derechos humanos. Su trabajo busca que todas las personas podamos vivir en lugares seguros, saludables y sustentables, y proteger el ambiente para las generaciones presentes y futuras. Lamentablemente, hoy su importante trabajo conlleva grandes riesgos: son víctimas de agresiones, intimidaciones, criminalización y hasta asesinatos y desapariciones, todo ello exacerbado por una falta de rendición de cuentas y una extendida impunidad.

El Relator Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, en su visita a México en 2017, destacó que “los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponen a proyectos a gran escala se enfrentan a actos de violencia, y que a menudo, esa violencia queda impune”[1]. Por estas razones es fundamental que el Estado cumpla con prestar la protección necesaria para que defensores y defensoras realicen su trabajo de manera libre y segura, pero también que asegure que la investigación y sanción de los agresores, en coherencia con las normas y estándares internacionales.

En 2015, la Asamblea General de ONU aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos buscan alcanzar avances importantes hacia que el desarrollo sostenible y el derecho a una vida digna. Al menos seis de estos 17 objetivos están centrados o tienen un componente importante relacionado con el medio ambiente[2], y ninguno de ellos puede lograrse sin una participación efectiva de la sociedad civil, las comunidades y las personas defensoras. Así, garantizar estos objetivos mundiales exige garantizar la seguridad de las personas defensoras del medio ambiente.

La importancia de las personas defensoras del medio ambiente es cada vez más reconocida en todo el mundo. Ejemplo de ello es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como Acuerdo de Escazú, que en 2018 México fue uno de los primeros países en firmar y el 5 de noviembre de 2020 el Senado de la República aprobó para su ratificación por el gobierno.

Se trata de un acuerdo de histórica importancia: es el primer tratado ambiental de la región latinoamericana y del Caribe y el primero en el mundo que establece provisiones para la efectiva protección de los y las defensoras de derechos ambientales. Como señaló la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena[3]: “La ratificación del Acuerdo es de suma trascendencia para México, ya que establece disposiciones en materia de generación, divulgación y acceso a la información ambiental y aborda la generación de un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”. La efectiva vigencia del Acuerdo de Escazú requiere no sólo de la acción de los Estados sino de la participación de. La sociedad civil, de las empresas y de la academia, de todos los actores comprometidos con la defensa del medioambiente y el desarrollo sostenible: busca sumar esfuerzos para enfrentar los grandes desafíos del cambio climático. La ratificación del acuerdo por México es una gran oportunidad para impulsar o fortalecer políticas y medidas para una más efectiva protección de las defensoras y los defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio.

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado y exacerbado las desigualdades, la discriminación y las crisis precedentes, incluida la crisis ambiental global[4], que llevaron a cada vez más personas a movilizarse por sus derechos. Las defensoras y los defensores de derechos humanos han jugado y siguen jugando un papel fundamental en la promoción de los derechos de las personas, le han dado voz a las personas excluidas y discriminadas en momentos de crisis.

La pandemia también trajo nuevos riesgos para las personas defensoras. Ciertos actores aprovecharon de la situación de confinamiento para atacarlas, en un contexto de inseguridad que limita el uso del espacio público. Las mujeres defensoras del ambiente ha sido particularmente afectadas: han sufrido ataques de carácter interseccional ligados a estereotipos y prejuicios de género. En muchas comunidades rurales e indígenas son las mujeres las que toman el liderazgo en la defensa del territorio y sus recursos. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México[5], de enero a septiembre de 2020 se registraron 1259 agresiones a defensoras de derechos humanos, incluyendo periodistas, que comprenden intimidaciones, detenciones arbitrarias, violencia sexual y psicológica e intimidación. De otro lado, las restricciones adoptadas por las autoridades para contener la pandemia, pueden ser también un factor que contribuye para una mayor incidencia de la violencia doméstica basada en género – que las defensoras también deben enfrentar – e incrementan las barreras para denunciar los hechos antes las instituciones pertinentes sin arriesgar su seguridad y su salud. Esta situación requiere que los Estados incorporen el enfoque de género en el diseño de medidas para la protección de defensoras del ambiente.

Los impactos de la pandemia nos ha dado también la oportunidad de reflexionar en torno a una pregunta fundamental ¿qué mundo queremos reconstruir?. Desde Naciones Unidas es claro que no podemos volver a la situación anterior, que es preciso trabajar para que la reconstrucción nos lleve hacia un futuro mejor. Y eso requiere transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe[6]. Hablamos de una transformación que nos lleve a un sistema ambiental y socialmente sostenible, inclusivo y con enfoque de derechos y de género. En esta transformación el papel de las personas defensoras del ambiente, la tierra y el territorio será esencial. De aquí surge una claro mensaje para los gobernantes: proteger a quienes defienden los derechos humanos y, en particular, el ambiente, la tierra y el territorio, es esencial para que los países superen las consecuencias de la pandemia.

Sin duda la pandemia ha impactado de manera negativa las economías en todo el mundo. Muchos Estados han adoptado diversas medidas restrictivas para mantener las finanzas públicas o disponer de mayores recursos para invertir en salud. Entendemos que es en este contexto que se produjo la decisión de eliminar el mecanismo financero de 109 fideicomisos en los últimos meses.

En 2012, con la implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se creó el Mecanismo de Protección, que estableció el fideicomiso conocido como Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Entre las ventajas que esta figura ofrecía y por la que se incluyó en la ley, además de garantizar la inclusión de los recursos previstos en el presupuesto, era la flexibilidad requerida para dotar de los recursos necesarios para medidas urgentes de protección, dado que no es posible prever estos ataques y que es preciso que las autoridades otorguen medidas rápidas y eficaces para preservar la integridad de los y las defensoras y periodistas. El debate público e incluso en sede parlamentaria se centró en fideicomisos sí o no. Desde ONU-DH, en este caso concreto, señalamos que, al margen del instrumento financiero que se adopte, es esencial que persista un instrumento que garantice el funcionamiento sin interrupciones del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Como señaló ONU-DH en una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el 29 de septiembre de este año[7]

“Cualquier reforma a la operación del Mecanismo de Protección, incluida la gestión de los recursos destinados a la protección de las personas defensoras y periodistas en riesgo, debería estar caracterizada por dotarla de agilidad y adecuación a las necesidades de protección de cada caso, la inmediatez en la implementación de las medidas, especialmente en los casos de mayor riesgo, la posibilidad de su implementación en todo el país, la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio de los recursos y la suficiencia para el cumplimiento de unas necesidades de protección crecientes.”

Sabemos que la eliminación de los fideicomisos y la forma en que se produjo generó frustración en personas y organizaciones. Hoy la prioridad es continuar trabajando para que el cambio en el instrumento financiero y la forma de ejecución no tenga un impacto negativo en la protección. La eliminación del fideicomiso no es un problema en sí, sino la ausencia de un sistema que lo reemplace que pueda garantizar la protección de estas personas en riesgo. Sin perjuicio de ello, debemos seguir trabajando en otras medidas el fortalecimiento del Mecanismo de Protección.

ONU-DH ha sido un aliado en la creación y en el trabajo cotidiano del Mecanismo de Protección. Desde 2012 somos invitados permanentes a su Junta de Gobierno y en 2019, como parte de nuestra asistencia técnica, compartimos un diagnóstico sobre su funcionamiento, que incluye sugerencias de posibles modificaciones para mejorar su eficiencia. Las 104 recomendaciones planteadas por ONU-DH fueron aceptadas por las diferentes instituciones a las que se dirigieron. El diagnóstico también evidenció que el Mecanismo de Protección sirvió para salvar vidas de periodistas y defensoras y defensores, y para garantizar que pudieran continuar con su trabajo.

Desde que se adoptó el diagnóstico técnico se ha ido avanzando en la implementación de las recomendaciones por parte del Mecanismo de Protección, con el apoyo de la ONU-DH y de otras entidades. Este esfuerzo se ha visto afectado por la pandemia, desde el impacto en la gestión diaria hasta la posibilidad de destinar recursos (no sólo económicos sino especialmente humanos) a actividades de fortalecimiento. Las demandas de protección por parte de periodistas, defensoras y defensores siguen creciendo y es fundamental atenderlas. Esto hace más urgente la implementación de acciones de fortalecimiento del Mecanismo de Protección.

Las recomendaciones planteadas por ONU-DH deben ser vistas dentro de un marco más amplio. Ningún mecanismo, ni en México ni en otro país, podrá garantizar la protección efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mientras prevalezca la impunidad, mientras existan autoridades que sientan que pueden atacar impunemente a quienes les cuestionan, a quienes denuncian la corrupción o a quienes buscan la participación de las personas y poblaciones afectadas. Por eso, es fundamental que, de manera paralela a la implementación de las recomendaciones orientadas a fortalecer el Mecanismo de Protección, se avance también en otras recomendaciones y medidas dirigidas a garantizar la seguridad y libertad de la labor de las personas defensoras y periodistas, (por ejemplo eliminar o modificar los tipos penales utilizados para criminalizar), acabar con los casos y la cultura de impunidad y garantizar que las servidoras y servidores públicos se abstengan de cualquier tipo de agresión contra de personas defensoras y periodistas.