Participación de Jan Jarab en la presentación del informe: “Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Informe junio de 2017 a mayo de 2018”

Quiero también agradecer la presencia de todas y todos ustedes, su interés, que demuestra la importancia de la situación de las personas defensoras. De hecho, la preocupación sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos entre multitud de actores se refleja en la gran cantidad de informes, pronunciamientos y declaraciones que en los últimos años han llamado la atención sobre hostigamientos, amenazas, criminalización, agresiones, asesinatos y desapariciones de personas defensoras en México.

I.

El informe que hoy se presenta nos aporta datos y análisis, como también lo han hecho los esfuerzos de otras organizaciones de la sociedad civil. La atención sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México también llega al ámbito internacional. Así, el informe del relator Michel Forst – relator especial de las Naciones Unidas para la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos – publicado en marzo de este año nos aporta un panorama amplio. Los informes de los relatores de libertad de expresión de la ONU y la CIDH, David Kaye y Edison Lanza, complementan este panorama con la reflexión específica de las amenazas a la libertad de expresión en todas sus dimensiones.

Con su permiso, no voy a comentar los hallazgos del informe que hoy se presenta, sino hacer algunas observaciones generales sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México. Puede que mucho de lo que les voy a decir les resulte ya conocido, obvio, pero creo que podría ser útil reiterarlo desde la Representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México:

Primero, las agresiones no suceden en el vacío, ni son accidentes. Las y los defensores de derechos humanos enfrentan agresiones porque sus actividades suponen una amenaza a intereses poderosos de diverso tipo.

Segundo, aunque en el actual contexto de violencia en México una parte de las agresiones provienen de parte de actores privados como grupos criminales, hay también muchas agresiones que provienen de funcionarios públicos, sea por motivos políticos o por intereses económicos, por sí mismos o en connivencia con grupos del crimen organizado.

Tercero, a nivel internacional y regional – y también en México – las y los defensores de la tierra y el territorio, del medio ambiente, y de los pueblos y comunidades indígenas están entre los más amenazados. Aunque la sostenibilidad ambiental forma parte del discurso público, por las amenazas que para toda la humanidad se derivan del deterioro ambiental, resulten ser quienes más insisten en modelos verdaderamente sustentables los que más riesgo enfrentan.

Finalmente, en el caso mexicano otros grupos de defensores y defensoras enfrentan también graves amenazas, como las familias de personas desaparecidas que exigen justicia.

II.

Esta situación es reflejo de la situación del derecho a defender derechos humanos… y de todo el contexto de derechos humanos en México. Las agresiones contra las personas defensoras no sólo les afectan a ellas, sino representan ataques en contra de los derechos defendidos por ellas.

Cuando una defensora de las mujeres y niñas contra el abuso sexual o una defensora de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sufre amenazas o está criminalizada y tiene que reducir su actividad, todas las mujeres y toda la sociedad se ven afectados. Cuando un líder indígena es criminalizado y encarcelado por defender el bosque, no sólo lo sufre el defensor y su familia, sino toda su comunidad y también toda la sociedad que ve cómo sus recursos naturales son arrasados en beneficio privado. Cuando la madre de un joven desaparecido es asesinada por exigir la aparición de su hijo, no es sólo su familia la que sufre, sino todas las familias de personas desaparecidas y toda la sociedad que verá cómo las desapariciones continúan.

La visión que en México y en otros países ha prevalecido es la de proteger a la persona, pero sin lograr garantizar el derecho a defender derechos humanos. Se protege poniendo escoltas. Se protege sacando a la persona de su comunidad y moviéndola a una ciudad considerada segura, pero a costa de abandonar su trabajo. Por supuesto, estas medidas son necesarias en muchos casos. Pero no pueden ser la única respuesta.

Los efectos de las agresiones trascienden el propio ámbito personal y familiar, para impactar lo comunitario, lo social, lo nacional y lo internacional. Los defensores y defensoras de derechos humanos merecen protección no sólo porque están en riesgo, sino, además, porque ese riesgo deriva de sus acciones en favor de las comunidades. Y en ese sentido los modelos de mera protección física no ofrecen respuestas suficientes. Su consecuencia última puede ser: a) que el defensor o la defensora abandona o reduce su actividad, temporal o definitivamente; b) si continúa su actividad, también continúa recibiendo agresiones a pesar de las medidas de protección; o c) recibe protección, lo cual puede inhibir las agresiones un tiempo, sigue su actividad y de repente, algo cambia en el contexto externo que reduce el riesgo… pero sin conexión con las medidas de protección.

III.

¿Frente a esto, qué deben hacer las autoridades? ¿O qué se puede proponer a las autoridades entrantes? Por supuesto, sabemos que estos desafíos no tienen soluciones milagrosas, pero sí hay algo que se les puede recomendar:

> Reconocer la problemática – porque el reconocimiento del problema es el primer requisito para su abordaje – y dar prioridad a este tema. Un tema que no es visible públicamente, probablemente no será incorporado a la agenda pública, ni atendido adecuadamente. Un estado difícilmente reconocerá que este es un problema sino es a través de la visibilización. En relación con el reconocimiento de la importancia, quede claro que no son tolerables las declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos: también es imprescindible que desde las más altas autoridades del estado se envíe el mensaje de que la labor de personas defensoras y periodistas es muy importante en una sociedad democrática y que las agresiones contra personas defensoras o contra periodistas no son aceptables.

> En segundo lugar, es necesario reforzar y ampliar los esfuerzos realizados y que pueden tener un impacto positivo. Fortalecer el Mecanismo de Protección tanto en sus recursos, incluido su presupuesto, como en sus capacidades. Es imprescindible que el Mecanismo cuente con el personal suficiente y con los recursos tanto para operar, como para implementar y mantener sus medidas de protección. Además, las diversas autoridades cuya colaboración es necesaria deben asumir sus propias responsabilidades. También es necesario pensar la protección no sólo en términos individuales, en el defensor o defensora que enfrenta un riesgo, sino también la perspectiva colectiva. La protección a quienes integran un grupo debe tomar en cuenta las relaciones de ese grupo, al interior (entre sus integrantes) y con otros actores, y cómo reforzar al grupo para hacer frente a posibles agresiones. Proteger a un colectivo no es simplemente proteger a sus veinte, treinta o cincuenta integrantes de forma individual como si no se conocieran. Además,

> En tercer lugar, es necesario poner fin a la impunidad. La única certeza que tenemos sobre las agresiones que hoy se presentan en este informe, así como las presentadas en los informes de años anteriores, es que la inmensa mayoría permanecerán en la impunidad. Obviamente la impunidad es terrible en sí misma, negando el derecho a la justicia de las víctimas. Pero, además, la impunidad envía un mensaje a las y los agresores “amenazar, agredir, asesinar a personas defensoras de derechos humanos sale gratis” y ese mensaje es una garantía de repetición, y de escalamiento de las agresiones. El combate a la impunidad en las agresiones contra personas defensoras y periodistas es un fin en sí mismo, pero además debe ser una medida preventiva, por su función inhibitoria. Al enviar el mensaje a los perpetradores de que sí deciden agredir a personas defensoras o periodistas, enfrentarán la acción de la justicia, puede hacer más para proteger que cinco escoltas, o que veinte cámaras.

Finalmente, y en línea con lo que nos recomienda el informe, se debe adoptar una política pública integral para garantizar el derecho a defender derechos humanos. Debemos trascender la lógica policial de protección física frente a la agresión, para construir propuestas que garanticen el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Es necesario entender el derecho a defender de derechos humanos como un derecho compuesto por otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la protesta, el ejercicio de acciones legales… y todos estos elementos deben facilitarse por parte de las autoridades.

Es necesario garantizar la normalización de la defensa de los derechos humanos.

Muchas gracias por su atención.

—

* La presentación del informe “Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Informe junio de 2017 a mayo de 2018” se realizó el 21 de agosto de 2018, en la CDMX.