“Sobresaturación de información y fact checking” – Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado para la Semana Nacional de Transparencia 2020, INAI

Nunca ha sido tan importante tener a acceso a la información como hoy en el contexto de la pandemia: la información salva vidas. Cuando el intercambio presencial está restringido, los medios, las redes sociales y el Estado devienen en la fuente esencial de información en la que población deposita su confianza y utiliza como orientación. La información compartida influye enormemente en el comportamiento de las personas y en sus percepciones sobre las instituciones. Por ello, como destacaron los relatores para la libertad de expresión de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), “la salud humana […] también depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad”[1].

Lamentablemente, en este periodo hemos visto como la desinformación se propaga incluso más rápido que la información certera y contrastada. Esto erosiona la confianza en la institucionalidad estatal, las personas expertas y la comunidad científica, y favorece que las medidas para enfrentar la pandemia no sean tomadas en serio. Precisamente, el Secretario General de la ONU expresó la preocupación por que la falta de información y la propagación de información falsa, contribuyan a esparcir temor, desconfianza o desorden e incluso pueda llevar a la adopción de medidas inadecuadas por parte de la población que podrían, a su vez, poner en peligro el derecho a la vida y el derecho a la salud[2].

Estos riesgos han puesto a la libertad de expresión en el centro del debate. Estamos en un contexto de crisis en el que es considerada fundamental, pero también hay quienes la ven como problema. Por ello es importante recordar su contenido esencial y funciones sociales conforme con los estándares internacionales, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3]:

la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho con dos dimensiones: una individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, y una colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información (informaciones e ideas de toda índole), a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada.

Potencial de las plataformas mediáticas

La desinformación y la manipulación de los mensajes en la esfera pública no son nuevos. Sin embargo, las denominadas fake news, la desinformación y las teorías conspiracionistas se multiplicaron con la expansión de las redes sociales, y alcanzaron niveles sin precedentes con la pandemia.

Una salida fácil es responsabilizar a las redes sociales, ya que allí cualquier persona puede difundir sus opiniones e informaciones. Sin embargo, sin perjuicio de reconocer su potencial para ser una fuente de información mucho más amplia y accesible, que fortalece la libertad de expresión en sus dos dimensiones, así como el riesgo que facilite la difusión de la desinformación, el problema es mucho más complejo.

La desinformación ha crecido, en parte, por la facilidad con la que la población puede compartir información y esto entraña riesgos. Hemos visto en últimos meses muchas noticias de personas que tomaban decisiones arriesgadas para su salud y la de otras personas, o que rechazaban medidas sanitarias por la extendida desinformación. Pero no debemos olvidar el papel esencial que medios y plataformas digitales han jugado, y siguen jugando, para contrarrestar los efectos de pandemia a través de la misma información, de la crítica y del debate público.

Al principio de la pandemia, el rol de periodistas e informadores fue esencial para disminuir la confusión. Medios y redes sociales dieron el espacio para que personas expertas en diversas áreas puedan compartir sus conocimientos y recomendaciones libremente con todas las personas. Esto muestra la centralidad de la libertad de expresión también en una situación donde la desinformación puede extenderse rápidamente y causar gran daño.

Emergencia sanitaria y derechos humanos. Antes del surgimiento de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía sobre gestión de epidemias, donde resalta el riesgo para la salud que implica la “rápida propagación de información de todos tipos, incluidos rumores, chismes e información no confiable”. Denomina este fenómeno como infodemia[4].

En el contexto de la pandemia en todo el mundo se ha señalado a la desinformación como causa de problemas y se han planteado diferentes alternativas para contrarrestarla, incluyendo el uso del derecho penal. Así, la situación sanitaria ha servido de pretexto para limitar la libertad de expresión, para censurar. En abril de 2020, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, presentó un informe sobre “Pandemias de enfermedades y la libertad de opinión y expresión”[5]; allí señala que el término desinformación se vuelve muy laberíntico y difícil de definir en el marco jurídico, volviéndose entonces “susceptible de proporcionar a las autoridades ejecutivas una discreción excesiva para determinar qué es la desinformación, qué es un error, qué es la verdad.” Y agregó que el virus se pueda volver un “patógeno de represión”[6].

La necesidad de garantizar la libertad de expresión durante la crisis de COVID-19 se fundamenta tanto en la propia función de la información en la pandemia, como en su relevancia para un estado democrático, ya que “la libertad de opinión y la libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona […] Son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas”[7]. Además, las violaciones al derecho a la libertad de expresión impactan no solamente en lo individual sino en lo colectivo, en el derecho de la sociedad a recibir información. Garantizar la libertad de expresión transciende el plano individual y preserva vínculo con el ejercicio de otros derechos y el desarrollo de la democracia en el marco de la respuesta a la pandemia.

Limitar coercitivamente la difusión de información, censurar, preocupa por varios motivos, incluso por el impacto contrario al buscado oficialmente, ya que las personas hoy aisladas, con temor por su presente y futuro, necesitan un acceso constante y seguro a información. ¿Habrá confianza en la información distribuida por autoridades que suprimen toda información que consideran falsa o engañosa?

En el derecho internacional es ampliamente reconocido el deber del Estado de proporcionar información y, en el marco de una emergencia sanitaria, incluye las acciones para contrarrestar la desinformación, pues puede poner vidas en riesgo. Pero ¿cuáles pueden o deben ser estas acciones?

El papel de las autoridades frente a la desinformación. No hay una receta única contra la desinformación, pero les comparto 5 propuestas de acciones mínimas[8]:

–         Informar escuchando

–         Información veraz para todas las personas y comunidades

–         Trabajo conjunto con todos los actores sociales

–         Comunicación para la acción

–         Más transparencia

1.1 Informar escuchando

Para contrarrestar los riesgos de la infodemia, la OMS señala que hay que basarse en el monitoreo e identificación de la información problemática, desde la perspectiva de salud, su análisis y la adopción de medidas de control y mitigación. “La comunicación de riesgos es una de las intervenciones esenciales en cualquier respuesta a brotes de enfermedades, y es igualmente necesaria para gestionar las infodemias. Comunicar riesgos en epidemias involucra comunicación bidireccional que es dinámica y evoluciona en la medida en que el brote se desarrolla”[9]. Así, esta comunicación bidireccional, implica emitir información, pero también escuchar y responder a lo escuchado. Y para atender los riesgos generados por la desinformación se deben realizar al menos tres tipos de acciones de forma coordinada según la OMS:

• Hablar: Proporcionar información sobre los riesgos a los que se hace frente y las medidas que se pueden adoptar para protegerse. Hacerlo por diversos canales y orientada a públicos con necesidades diferentes. Debe ser apropiada para la población destinataria, incluida la pertinencia cultural
• Escuchar: Hay que entender los miedos, preocupaciones y percepciones de las personas afectadas, entablar una comunicación basada en esa realidad.
• Gestionar los rumores y la desinformación: Las autoridades deben identificar estas conversaciones, y contar con canales y métodos para contrarrestarlos de forma apropiada y correcta.

Estas indicaciones de la OMS son muy significativas a la luz de la libertad de expresión, ya que la labor que desarrollan periodistas en un contexto de crisis como la actual, es fundamental como vehículo de información para facilitar o contribuir a ese dialogo bidireccional: hacer llegar al gobierno las preocupaciones de la población y contribuir para que la ciudadanía entienda el contexto y acceda a la información necesaria para formar sus opiniones y adaptar sus conductas.

Esa escucha permite también la participación de la población, que es positiva para los Estados, porque ayuda a reforzar la confianza en las instituciones por la transparencia, la apertura a la crítica y al escrutinio, y por dar a las personas la posibilidad de participar en la protección de su propia salud.

1.2 Información veraz para todas las personas y comunidades

Un verdadero sistema de salud pública requiere garantizar que todas las personas, sin discriminación, sin importar quiénes son o dónde están, tengan acceso efectivo a información confiable, pertinente, de calidad, con perspectiva de género, culturalmente apropiada y no discriminatoria. Así lo han señalado, por ejemplo, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, en una declaración conjunta[10]:

“(…) es esencial que los gobiernos proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. Los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso.”

Esto requiere medidas para garantizar que la población tenga acceso a dicha información, por ejemplo, ampliando el acceso efectivo y de calidad a Internet en todo el país, especialmente a las comunidades más alejadas y marginadas, garantizando que los pueblos indígenas tengan este acceso en su idioma en los canales y formatos culturalmente adecuados o atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad.

Permítanme destacar la importancia que niñas, niños y adolescentes también puedan tener un acceso adaptado a sus necesidades y edades. Las niñas y niños están entre las principales víctimas de una crisis que mina su acceso a la educación, reduce su posibilidad de encontrarse con sus pares y les deja en la incertidumbre, muchas veces sin sus personas más queridas y sin algo tan básico como los abrazos.

1.3 Trabajo conjunto con todos los actores sociales

Un elemento importante en el actual contexto es la pluralidad de actores que producen, analizan y transmiten informaciones y opiniones: periodistas, medios de comunicación (tradicionales, digitales, comerciales, alternativos, comunitarios, independientes…), plataformas de redes sociales… son actores de gran relevancia. En este espacio se han desarrollado muchas iniciativas interesantes para identificar y difundir la información contrastada, y señalar las información dudosas o falsas.

Su importancia ha sido reconocida por las Naciones Unidas, que ha trabajado con plataformas como Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok o Youtube entre otras[11], para contribuir a la diseminación de informaciones confirmadas que contribuyan al derecho a la libre expresión, preservando a las personas de desinformaciones potencialmente dañosas. Es preciso evaluar cómo estas iniciativas funcionan y cuál es su impacto. También evitar cualquier tipo de abuso de estos sistemas que puedan convertirse en nuevas formas de limitar el acceso a la información.

1.4 Más transparencia

En el contexto de pandemia, y más frente a la desinformación, se debe promover una mayor transparencia proactiva y la difusión de información veraz y fidedigna, a través de formatos abiertos, con cobertura nacional, y accesibles para todas las personas. La transparencia efectiva es fundamental para fortalecer la confianza de la población. Como señaló la Alta Comisionada, Michelle Bachelet[12]:

“Ser abierto y transparente es clave para empoderar y alentar a las personas a participar en medidas diseñadas para proteger su propia salud y la de la población en general, especialmente cuando se ha erosionado la confianza en las autoridades. También ayuda a contrarrestar información falsa o engañosa que puede hacer mucho daño al alimentar el miedo y los prejuicios”.

Esta apuesta por la transparencia debe también ir de la mano de medidas para asegurar los derechos y la protección de las personas que denuncien irregularidades o acciones indebidas en el ámbito de respuesta a la pandemia.

1.5 Comunicación para la acción

La atención a la pandemia requiere de la participación de la población y la comunicación pública resulta fundamental para promoverla. Para lograrlo, la comunicación debe ser confiable y apoyarse en las mencionadas acciones sobre la veracidad, la transparencia y la escucha. Debe proponer medios idóneos para que las personas participen en el diseño e implementación de las acciones para protegerse.

Se debe promover que la población participe en el diseño de medidas para proteger su propia salud a través del intercambio de información, con la colaboración del Estado. Así, las personas se sentirán parte de un proyecto común contra la pandemia.

La pandemia y el temor que genera la falta de comunicación clara y confiable sobre qué hacer para cuidarnos y cuidar a las demás personas, puede aumentar la desconfianza, facilitar que las fake news alimenten miedo y prejuicios que lleven a las personas a tomar acciones que agraven la situación y fomenten la discriminación y la xenofobia.

Conclusión

La información salva vidas. En lugar de emprender acciones intimidatorias contra periodistas o hacer su público descrédito, los gobiernos deben enfocarse en la diseminación de informaciones ciertas sobre la prevención y consecuencias de la pandemia.

La preocupación de cómo enfrentar la desinformación en medio de la crisis sanitaria es legítima. Sin embargo, censurar los medios no es la vía, sobre todo cuando el flujo de información es fundamental para la contención de la pandemia. Hay varias medidas que los Estados pueden tomar para combatir la pandemia con pleno respeto del derecho a la libertad de expresión.

La manera más efectiva de combatir la desinformación es difundir información cierta más rápidamente que la falsa y abordar las dudas de la población de forma abierta; esto se puede lograr con campañas de información sobre los temas clave de la pandemia y en especial con la garantía de espacios para el debate público, no restringiéndolos. Para lograrlo, el Estado tiene que garantizar que esta información tenga un alcance nacional, que llegue a los lugares más remotos del país, en los idiomas que entendemos, de forma comprensible y adaptada a la diversidad de públicos, como niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para finalizar deseo destacar que esta pandemia es una grave crisis mundial, llena de incertidumbres y sin soluciones fáciles. Pero incluso en las peores crisis, los Estados deben aplicar medidas alineadas con las obligaciones internacionales de derechos humanos. El antídoto ante la desinformación son las evidencias científicas, el debate público y la libertad de expresión. La censura alimenta el miedo e impide el debate y escrutinio público. Los medios de comunicación, periodistas y las redes sociales son actores fundamentales en el tejido social para la lucha contra la desinformación y tienen el potencial de ser actores cruciales para enfrentar la COVID-19.