Reprueban impunidad en ataques a prensa

“Con base en este informe, en materia de impunidad no podemos decir que exista un contexto de impunidad generalizada. Podemos decir que existe un contexto de impunidad prácticamente absoluta, donde los niveles de investigación, detención, procesamiento y castigo de los responsables es prácticamente nulo”, reclamó Santiago Corcuera, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

A dicha cifra se suma la reciente desaparición de Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, quien fue secuestrada de su hogar por un grupo armado, según versiones extraoficiales.

“Las autoridades no se han pronunciado (sobre el caso de Flores Salazar), a pesar de que hay indicios de participación de autoridades, en específico señalan que iban vestidos como militares. Hacemos un llamado muy puntual para su búsqueda y aparición con vida. Es lamentable que la presentación de este informe sea en el marco de una desaparición más”, expresó Paulina Gutiérrez, oficial del Programa de Acceso a la Información y Transparencia de Artículo 19.

El informe recuenta la desaparición del periodista Jesús Mejía Lechuga, en 2003, así como otras tres desapariciones ocurridas entre 2011 y 2013 en Veracruz.

En ninguna se han presentado avances en la investigación.

Según el documento, entre 2003 y 2015 han desaparecido, en promedio, dos periodistas por año, con mayor número de casos en Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.

La organización identificó que el 96 por ciento de los 23 periodistas llevaban una cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad pública.

En cinco casos, los periodistas investigaban vínculos entre autoridades militares, federales y estatales con el crimen organizado.

Gutiérrez acusó que, pese al nexo causal entre el tipo de cobertura informativa y la desaparición, en ningún caso se ha investigado la posible desaparición forzada de los periodistas.

Agregó que hay impunidad en la totalidad de los casos; en ninguno se ha dado con el paradero de los comunicadores, y los esquemas de búsqueda y localización han sido deficientes porque no están orientados a la búsqueda con vida.

Durante la presentación del informe estuvieron presentes Jorge Sánchez y Mary Ordóñez, hijo y esposa del periodista veracruzano Moisés Sánchez, quien fue secuestrado y asesinado en enero de 2015.

La familia reclamó que, a un año de los hechos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de PGR no ha atraído el caso bajo el argumento de que no se puede acreditar que Sánchez fuera periodista.

También acusaron que, debido a la mala investigación, la Fiscalía estatal liberó al ex subdirector de la Policía Metropolitana, presunto autor material de la desaparición y el asesinato.

“Nos arrebatan parte de nuestra alma, parte de nuestro ser, porque llegamos a nuestra casa y falta alguien en la mesa; porque a la hora de platicar falta otra opinión, una voz más en el debate del día, y al llegar la noche hay alguien que no llega a casa a dormir”, expresó Sánchez.

Condena PEN México desaparición

La organización PEN México condenó la desaparición de Anabel Flores Salazar y la violencia contra comunicadores en Veracruz.

“PEN México se suma a las voces de la sociedad y las organizaciones civiles que exigen a las autoridades mexicanas localizar a la periodista Anabel Flores Salazar, secuestrada la madrugada del 8 de febrero en Orizaba, Veracruz”, expresó la organización en un comunicado.

“(También) condena la violencia en contra de periodistas y comunicadores en todo el País, más aún en el Estado de Veracruz, que se ha convertido en una de las regiones más peligrosas para la prensa en nuestro País”.

Recordó que, bajo la Administración de Javier Duarte de Ochoa, al menos cinco periodistas permanecen desaparecidos y 12 comunicadores han sido asesinados.

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