ONG urgen a que ley se apruebe en estados
Ana Langner / El Economista / 22 de abril de 2015
Luego de la aprobación de comisiones unidas del Senado de la República del dictamen que modifica el Artículo 73 de la Constitución, es indispensable seguir empujando para que la reforma constitucional en materia de desaparición forzada culmine su proceso de aprobación y entrada en vigor, refirió el representante adjunto de la OACNUDH , Jesús Peña Palacios.
Luego de la aprobación de comisiones unidas del Senado de la República del dictamen que modifica el Artículo 73 de la Constitución, es indispensable seguir empujando para que la reforma constitucional en materia de desaparición forzada culmine su proceso de aprobación y entrada en vigor, refirió el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH ), Jesús Peña Palacios.
“Es indispensable (…) la creación de un sistema nacional de búsqueda y atención integral a las víctimas; reconocimiento de la declaración de ausencia por desaparición; reglas para combatir la impunidad y responder a las especificidades que enfrentan determinadas personas como son las migrantes”, indicó el representante adjunto de la OACNUDH a El Economista.
En cuanto a la Ley General de Tortura, consideró que es necesario recoger adecuadamente los estándares internacionales sobre tortura.
Asimismo, es necesario incluir la imprescriptibilidad del delito y la reparación integral de las víctimas, como lo había recomendado el relator especial de la ONU sobre Tortura y Tratos Crueles, Juan Méndez .
De acuerdo con Jesús Peña Palacios, también se requiere reiterar la importancia de excluir cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que fue obtenida bajo tortura”.
Nota original: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/04/22/ong-urgen-que-ley-se-apruebe-estados
Olga Guzmán, coordinadora del área de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, agregó que si bien este proceso es un paso adelante, hace falta facultar al Congreso para legislar en materia de desplazamiento forzado y ejecuciones arbitrarias.