Palabras de Jesús Peña para el Tercer Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos

Para todas las funcionarias y funcionarios de los diferentes estados de la República que nos acompañan el día de hoy y para las y los periodistas presentes tengan todas y todos ustedes muy buenos días.

Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es muy grato estar el día de hoy con todas y todos ustedes en la tercera edición del Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos, por lo que agradezco la amable invitación recibida de la Secretaría de Gobernación, así como la confianza que ha depositado en nuestro equipo.

Como saben, nuestra Oficina ha colaborado, desde el inicio de su presencia en el país, en la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas nacionales, principalmente acompañando la construcción de diagnósticos y programas concretos de derechos humanos, incluyendo el primer programa nacional y el primer programa local en la materia. Hemos cumplido ya 15 años impulsando, acompañando, participando activamente en estos procesos y aunque es necesario resaltar los avances logrados, también es importante mencionar que México aún enfrenta grandes desafíos para “salvar la distancia que existe entre el discurso de los derechos humanos y las crudas realidades que pueden encontrarse sobre el terreno”.

Sabemos que cada estado tiene contextos muy particulares y enfrentan problemáticas diversas en materia de derechos humanos. Es por eso que saludamos que se convoquen eventos como el que hoy nos congrega porque el compartir experiencias positivas y negativas, lecciones aprendidas y buenas prácticas va en beneficio de todas y todos.

Debemos saludar, reconocer y alentar la disposición de los gobiernos locales para fortalecer los mecanismos de vinculación y articulación entre las entidades federativas y para diseñar estrategias de derechos humanos que les permitan conocer con mayor profundidad sus problemáticas, a través de un diagnóstico. Asimismo, se debe alentar la formulación de políticas públicas sostenibles, que impliquen cambios estructurales, que sienten las bases de un nuevo enfoque en el funcionamiento y coordinación entre las instituciones y que generen impactos tan evidentes que puedan ser medibles y comparables en el tiempo.

En este sentido también es importante, ahora que ya estamos en el Tercer Encuentro Nacional, darnos la oportunidad de reflexionar sobre los avances que ha habido y las razones por las que no hemos podido llegar más lejos. La ONU-DH alienta a realizar una profunda y sincera reflexión en cuanto a la relevancia que realmente se ha dado a cada uno de los programas estatales de derechos humanos. No es suficiente con decir “aquí tengo un documento que es un programa estatal de derechos humanos”. ¿Qué hemos logrado en cada entidad federativa? Normativa, instituciones, presupuesto, recursos humanos… pero la pregunta clave es “¿qué ha cambiado en la situación de derechos humanos en cada uno de nuestros estados desde que se elaboró el programa estatal de derechos humanos?, ¿cuál ha sido el impacto logrado desde que asistimos al Primer Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos hasta hoy?” Recordando que deben ser las personas quienes juzguen los verdaderos avances, principalmente aquellas que se encuentran en condiciones menos favorables. ¿Podemos acercarnos a ellas hoy con la certeza de tener una respuesta positiva? ¿Podemos tener hoy indicadores de resultado, no sólo estructurales y de proceso, que reflejen sin lugar a dudas un impacto real en la calidad de vida de la gente en términos de satisfacción y garantía de derechos? Son preguntas que me permito dejarles para la reflexión de estos próximos dos días.

Recordemos que los Estados están obligados a tomar todas las medidas necesarias para concretizar los derechos humanos en la labor gubernamental e impactar positivamente en las distintas esferas de la vida de las personas. Estas medidas deben incluir, además de modificaciones en el ámbito legislativo, una estrategia de implementación de los derechos, basada en la formulación, puesta en práctica y evaluación de políticas públicas, que permita introducir y transversalizar los principios y estándares de derechos humanos en todas las acciones de gobierno, logrando así que la actividad estatal refleje el compromiso de promover el desarrollo integral de las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en situaciones de discriminación o exclusión.

La necesidad de implementar políticas públicas para impulsar la realización de los derechos humanos atiende sobre todo a una lógica de prevención de violaciones y se justifica en tanto que su objetivo es transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que generan dichas violaciones, lo cual implica atender las problemáticas en sus causas y no sólo en sus consecuencias.

Concebir el proceso de elaboración de políticas y programas públicos desde el enfoque de los derechos humanos condiciona este proceso a:

  • construir y conservar espacios efectivos de participación de la sociedad civil para la discusión y toma de decisiones;
  • garantizar la transparencia y el acceso a la información necesaria para que las discusiones y decisiones se apeguen a la realidad;
  • y por último, a que la base de la discusión sean las obligaciones del Estado derivadas de los estándares y normas internacionales de derechos humanos.

La estrategia para la elaboración de diagnósticos y programas locales de derechos humanos que impulsa la Secretaría de Gobernación incorpora la metodología y los elementos antes señalados, sin embargo sabemos que su aplicación en ámbitos locales tan diversos puede ser muy compleja, por lo que recomendamos mantener un constante diálogo y colaboración con esta Secretaría para contar con su asistencia en las diferentes etapas.

Al mismo tiempo, no podemos obviar preguntarnos a nosotros mismos si:

  • Hay un auténtico proceso participativo de la sociedad civil que implica a todos los sectores, incluidos aquellos que son particularmente críticos o han estado tradicionalmente excluidos del diálogo con las autoridades.
  • ¿Estamos realizando o hemos hecho un sincero diagnóstico de la situación de derechos humanos en nuestra entidad federativa?.
  • ¿Se han asignado los recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para implementar el programa estatal?.
  • ¿Estamos evaluando la implementación del programa y sobre todo su impacto?.
  • Y finalmente, y aunque sea la última pregunta probablemente es la más importante, ¿existe una real voluntad política de darle fuerza a la política pública en derechos humanos?.

La perspectiva de derechos humanos en el proceso mismo de construcción de la política pública, sin duda permitirá el empoderamiento de la sociedad civil para exigir sus derechos, a la vez que la erige en corresponsable del seguimiento a la implementación de las acciones del Estado en su conjunto. De la misma manera, permitirá fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para responder a las obligaciones internacionales que le corresponden.

Para concluir estas palabras, quisiera refrendar el compromiso de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de seguir compartiendo los estándares internacionales y las experiencias aprendidas en el diseño, implementación y evaluación de los programas estatales de derechos humanos y en general de las políticas públicas de derechos humanos.

Al final, el objetivo es uno sólo: hacer realidad todos los derechos humanos para todas las personas que habitan o transita por México.

Muchas gracias y muchos éxitos.

* La inauguración del Tercer Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos se llevó a cabo en la Ciudad de México el 25 de octubre de 2017

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