Palabras de Jan Jarab para la Conferencia internacional: Seguridad, democracia y derechos humanos: la Vía Civil

Primero, porque hay fuertes tendencias – y no sólo en México – de definir la relación entre seguridad y derechos humanos como un antagonismo. De hecho, esta visión antagónica es paradójicamente compartida, en ocasiones, entre las fuerzas de seguridad y los integrantes de la llamada “comunidad de derechos humanos” (cada uno desde su propia perspectiva): unos ven la seguridad como un elemento que limita los derechos humanos, mientras que los otros perciben los derechos humanos como un obstáculo para la seguridad.

Sin embargo, nuestra Oficina mantiene que la seguridad y los derechos humanos no solamente son compatibles, sino que se necesitan mutuamente, se refuerzan. No es la seguridad como tal, sino algunos aspectos de una política determinada de seguridad o ciertas modalidades de implementación de una política de seguridad las que en ocasiones pueden ser incompatibles con el respeto a los derechos humanos. Esto  ocurre cuando dicha política considera los derechos humanos como obstáculos o asume su violación como una medida necesaria para el logro de la seguridad.

Ya en 2005, con ocasión de una cumbre mundial celebrada en Nueva York el entonces Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan expresaba “La humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener ninguna de las cosas si no se respetan los derechos humanos”. Esta declaración de que no existe seguridad sin derechos humanos sigue plenamente vigente.

La esencia de la legitimidad y el paradigma del éxito es una fuerza policial o militar eficiente en las tareas encomendadas que respeta a los derechos humanos. Modelos donde se entiende la seguridad como la escasa incidencia de delitos, sin respeto por los derechos humanos, pueden existir pero es la “seguridad del miedo”. Estas son sociedades caracterizadas por el poder absoluto de los órganos represivos y la arbitrariedad de su actuación, pero no pueden representar un ejemplo a seguir.

La segunda razón por la que el debate sobre democracia, seguridad y derechos humanos es importante para México es porque las políticas de seguridad implementadas en los últimos años, a pesar de los esfuerzos realizados, no han logrado revertir una situación de inseguridad que impacta en la plena vigencia de los derechos humanos para todas las personas que habitan o transitan por México.

Las estadísticas oficiales presentadas a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública o del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran un aumento en el índice de homicidios y otros delitos incluso en varias entidades federativas donde anteriormente tenían un menor impacto. Evidentemente, hay que ser cautelosos en la interpretación de estas estadísticas y las causas que subyacen en dichos aumentos. En el pasado, por ejemplo, estados como el de Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte reportaron un número muy reducido de desapariciones, mientras que en los últimos meses se han hecho de conocimiento público la aparición de numerosas fosas con los cuerpos de las personas desaparecidas coincidentemente en dichos periodos donde no se reportó la ocurrencia de desapariciones. No obstante, con independencia de que el incremento estadístico refleje un verdadero empeoramiento de la situación de seguridad o un nivel más honesto de reportar, de lo que no hay duda es que México presenta índices de violencia e inseguridad muy altos favorecidos por un hábitat de impunidad.

La situación actual puede abrir la puerta para dos salidas muy distintas:

• Por un lado,  los llamados a una continuidad de la actual política reforzada con un mayor uso de la fuerza y ausencia de controles dentro del marco de la política de seguridad desarrollada desde hace una década – es decir, un “estatus quo plus” dentro del “paradigma militar” imperante, un enfoque aún más represivo…
• … o por otro lado, una revisión crítica de las políticas de seguridad vigentes y consecuentemente el desarrollo de un paradigma alternativo basado en el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas.

En este contexto considero la organización de la conferencia de estos dos días como algo muy positivo. De hecho, esta iniciativa abona a la segunda opción – la revisión del paradigma actual y la construcción de uno distinto– aunque sin duda también da el espacio a quienes defienden la pertinencia de continuar con la actual política o incluso aspiran a su reforzamiento.

Lo que este país necesita y merece es una discusión abierta, honesta, amplia, informada, e inclusiva sobre la seguridad y sus vínculos ineludibles con derechos humanos y con democracia. Una discusión que nos permitiría a unos y otros presentar los argumentos, explicar:

• El por qué pensamos que el modelo actual de la política de seguridad es un éxito o no lo es (en términos no sólo de derechos humanos sino también de seguridad como tal);
• Cuáles son los argumentos para creer que la situación puede cambiar si las respuestas siguen siendo las mismas;
• … y el caso contrario, si consideramos que se necesita un cambio, cuál debería ser el sentido (el vector) de este cambio, sus alcances y el por qué del mismo.

Para lo anterior, se necesita escuchar todos los argumentos en un ambiente de pluralidad, respeto y tolerancia. La semana pasada, tuve una discusión con un interlocutor que intentó convencerme que la década de la llamada “guerra contra el narcotráfico” era “medio exitosa”, mencionando algunos criterios. Yo por mi parte reaccioné con argumentos en contra. No estuvimos de acuerdo, pero este diálogo es preferible a una falta de discusión. Y por eso es tan importante que este evento cuente con la presencia del General Ramos y de otras autoridades.

Mencioné “el paradigma militar” y quisiera reiterar que a principios de este año, cuando surgió la discusión sobre una posible ley de seguridad interior, la Oficina del Alto Comisionado expresó en varios foros su preocupación por los intentos de legislar el actuar de las Fuerzas Armadas en las tareas de lucha contra la criminalidad: entre otras razones porque esta regulación podría petrificar el estatus quo – un estatus quo que, según nuestra opinión, debe cambiar. Sin embargo, cabe destacar que según la opinión de la Oficina, el asunto tampoco se puede simplificar en la pregunta “fuerzas armadas sí o no”. Desde nuestra perspectiva, resulta fundamental hacer un debate integral y holístico y, por consiguiente, es igualmente importante analizar:

• el rol de las Fuerzas Armadas, cuándo y cómo pueden apoyar las tareas de las corporaciones policiales;
• cuál es la filosofía de la intervención de todas las corporaciones de seguridad (no sólo de las Fuerzas Armadas, sino también de las policías a varios niveles);
• qué mecanismos existen para la rendición de cuentas y cómo se garantiza su eficacia;
• cuál es la responsabilidad de los superiores jerárquicos de quienes intervienen en las operaciones policiales y militares, tanto por acción como por omisión;
• cómo se fortalecen y modernizan los cuerpos policiacos de todos los ámbitos de gobierno;
• el rol de las empresas privadas de seguridad;
• cómo se deben enfrentar las altísimas tasas de impunidad respetando las normas del estado de derecho, particularmente el debido proceso;
• cómo se invierte en la prevención;
• cómo se articula la participación ciudadana en la discusión y elaboración de políticas de seguridad, su implementación y evaluación;
• cómo se potencia el acceso a la información en todo el diseño, implementación y evaluación de las políticas;
• la adopción de medidas para prevenir la violación de derechos en el desarrollo de las políticas de seguridad y el efecto agravado, particularmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas en el contexto de la movilidad y sujetas de protección internacional, entre otros colectivos.

De hecho, la búsqueda de soluciones debería incluir temas que van más allá de la “política de seguridad” como tal – por ejemplo:

• la atención a las víctimas;
• el combate a la corrupción;
• cómo se construye o reconstruye la confianza de la sociedad hacia varias corporaciones, pero también entre los ciudadanos;
• cómo se combate la disparidad social y se crean oportunidades socio-económicas para los sectores excluidos;
• cómo se fortalece la independencia y autonomía de diversos actores claves para cualquier estado de derecho;
• cómo se transforma el sistema carcelario;
• cómo se liberan las políticas migratorias del paradigma de securitización y criminalización de la migración irregular,
• cómo se protegen de manera eficiente a actores claves para cualquier sociedad democrática como lo son los periodistas y defensores de los derechos humanos;
• y cómo se favorece una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en la sociedad.

En la Oficina del Alto Comisionado mantenemos, evidentemente, la fuerte convicción de que el respeto a los derechos humanos es un elemento sine qua non para cualquier estado democrático y que esto aplica también en el combate a la criminalidad. Tenemos la fuerte convicción que el respecto a los derechos humanos, a la dignidad humana y el buen funcionamiento del estado de derecho, va de la mano con la seguridad ciudadana; y que cometer las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la política de seguridad representa un “perder-perder” para toda la sociedad. De hecho, cuando las autoridades cometen  violaciones de derechos humanos, utilizando la seguridad como excusa, están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada también entre particulares, impulsando un círculo vicioso, una espiral de violencia.

Permítanme, por favor, terminar con una nota humilde. Claro, en la Oficina del Alto Comisionado tenemos estas fuertes convicciones mencionadas… pero sabemos que las soluciones milagrosas o mágicas de esta situación tan compleja que vive México no existen. Lo que sí existe es un modelo alternativo basado en el respeto a los derechos humanos, construido colectivamente, fruto de una deliberación honesta y vibrante que renuncia al determinismo fatalista y le apuesta al avance civilizatorio. Y estamos aquí hoy, con ustedes, no sólo para compartir nuestras convicciones, análisis y propuestas transformadoras, sino también para escucharles y para aprender del debate tan prometedor sobre este tema.

Finalizo reiterando nuestro deseo de prestar nuestra asistencia y cooperación técnicas que precise el Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, colocando a las y los titulares de derechos en el centro de sus actividades… Les deseo una conferencia verdaderamente inspiradora y útil.

¡Muchas gracias por su atención!

—

* La Conferencia internacional: Seguridad, democracia y derechos humanos: la Vía Civil se realiza en la Ciudad de México los días 25 y 26 de octubre de 2017.

Descarga el discurso en PDF