Participación de Guillermo Fernández-Maldonado para el Panel: Integridad personal en la movilidad humana: acceso a la vacuna y otros derechos | Premio Sentencias 2021

El tema de este panel ” Integridad personal en la movilidad humana: acceso a la vacuna y otros derechos”, es por demás pertinente y nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre lo que ha ocurrido tras más de año y medio de declarada la pandemia.

En este tiempo hemos comprobado lo señalado por la Alta Comisionada, Michel Bachelet, en el sentido que el virus no discrimina, pero sus efectos sí. La pandemia ha desnudado las profundas deficiencias en la prestación de servicios públicos y ratificado las desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso a ellos; hemos observado que se afecta de forma desproporcionada a aquellos grupos que ya estaban en una situación de vulnerabilidad, entre ellos la población en movilidad.

Nuestra región es la más afectada del planeta por el COVID-19. Posee algunas de las cifras más altas de casos en términos absolutos y per cápita de todo el mundo. Ha contribuido a ello sus sistemas de salud fragmentados y desiguales, carentes de la capacidad y recursos para manejar una crisis sanitaria y humana de esta magnitud. Hemos observado un enorme aumento de las vulnerabilidades que acompañan el ciclo migratorio, como los riesgos de pérdida de puestos de trabajo; disminución del empleo doméstico remunerado; sobrerrepresentación de trabajadores migrantes en trabajos de primera línea; detención indefinida; falta de acceso rápido a la documentación necesaria para la atención médica; malas condiciones de vivienda; y estigmatización de los repatriados en sus comunidades de origen, especialmente cuando regresan de Estados Unidos.

Las personas migrantes han enfrentado obstáculos para acceder a la atención médica, incluidas las barreras idiomáticas y culturales, los costos y la falta de información y las consecuencias de amplio alcance de las actitudes y comportamientos xenófobos. Muchos migrantes también enfrentan barreras para acceder a la atención médica como resultado de la aplicación de leyes, políticas, reglamentos y prácticas administrativas, incluso debido a irregularidades en su estatus migratorio. El acceso a la atención médica de las personas migrantes en situación irregular puede verse impedido por las barreras descritas o debido a que deciden no intentarlo o no proporcionar información sobre su estado de salud por temor a ser detenidos, deportados y sancionados.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la vigencia de los derechos a la salud y la no discriminación son esenciales. Para superar la pandemia y no dejar a nadie atrás, estos derechos deben garantizarse a todas las personas en movilidad, independientemente de su nacionalidad y situación migratoria. Además, todas las personas migrantes deben tener acceso a la vacuna en igualdad de condiciones con los y las nacionales.

Particularmente desde México, hemos observado con preocupación nuevas prácticas en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con el COVID-19, conocida como Título 42. La aplicación de esta norma ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación aún más crítica. Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México. Por otra parte, esta normativa ha rebasado la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera, lo que amerita fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria. Todo esto agravado por la pandemia por COVID-19 y la falta de protocolos de salud para mitigar los riesgos de contagios.

Corresponde aquí reconocer el enorme esfuerzo desplegado por las organizaciones de la sociedad civil para la documentación de las graves afectaciones del COVID-19 en la población en movilidad y de los retos en el acceso a la salud. También destacar la labor primordial que las distintas Casa de Migrantes y albergues han realizado durante la pandemia, al acoger a las distintas personas migrantes que transitaban o era retornadas a México, a pesar de los evidentes riesgos. Símbolo de esta entrega es el Padre Pantoja, gran defensor de los derechos de los migrantes, quien falleció como consecuencia del COVID-19, posiblemente contagiado en la Casa del Migrante de Saltillo.

Otro aspecto a destacar son las graves consecuencias que la privación de la libertad en estaciones migratorias o estancias provisionales ha tenido sobre las personas detenidas durante la pandemia. En estos espacios, a pesar de las distintas medidas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han documentado condiciones de hacinamiento, carencia de mascarillas, de gel antibacterial o de cuartos aislados para atender a las personas contagiadas o a las recién llegadas. Estas carencias suscitaron fundadas preocupaciones de que el Covid se propagase en estos centros en que carecen de una atención médica adecuada y condiciones de salubridad. La falta de medidas de prevención ante COVID-19 alimentaron protestas en lugares de detención migratoria, que pusieron en riesgo la vida de las personas allí privadas de libertad.

Con respecto al acceso a las vacunas, las autoridades federales, a través  pronunciamientos  de voceros del sector salud como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, han asegurado que la vacunación de las personas extranjeras estaba garantizada.  En efecto destacan las campañas de vacunación enfocadas en población migrante que se han realizado en distintos puntos del territorio, desde la frontera norte a la frontera sur.  Las preocupaciones se han centrado en las limitaciones del acceso a las vacunas de aquellas personas migrantes en situación irregular, quienes carecen del CURP requerido para solicitar cita para vacunarse.

La pandemia ha desnudado la enorme desigualdad en toda nuestra región y provocado un serio retroceso en lo logrado en la lucha contra la pobreza. El impacto socioeconómico de la pandemia se suma a los factores que tradicionalmente contribuyen a generar mayor número de personas en movilidad, pero en condiciones incluso de mayor vulnerabilidad.  Como ha señalado la CEPAL, no podemos regresar el mismo modelo de desarrollo que generó esta pobreza y desigualdad. Ahora más que nunca, se debe recordar la llamada a la acción en derechos humanos del Secretario General, y los compromisos asumidos en la Agenda 2030, para hacer realidad Lo que suces Ela promesa de no dejar a nadie atrás en la respuesta a la crisis del COVID-19.

Muchas gracias