Bachelet pide acción urgente para hacer realidad el derecho humano a un medio ambiente sano

“Esta decisión refleja que todos los derechos están conectados con la salud de nuestro medio ambiente. Toda persona, en todas partes, tiene derecho a comer, respirar y beber sin envenenar su cuerpo al hacerlo, y poder vivir en armonía con el mundo natural, sin amenazas cada vez mayores de un colapso de los ecosistemas y catástrofes climáticas”, expresó Bachelet.

La resolución 76/300 de la Asamblea General sigue un texto histórico adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en octubre pasado, en su propia resolución 48/13.

“Hoy es un momento histórico, pero simplemente afirmar nuestro derecho a un medio ambiente sano no es suficiente. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben implementar sus compromisos internacionales y aumentar sus esfuerzos para cumplirlos. Todas las personas sufriremos efectos mucho peores de las crisis ambientales si no trabajamos ahora para evitarlas colectivamente”, afirmó la Alta Comisionada.

Reconociendo que la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la degradación ambiental es el mayor desafío para los derechos humanos de nuestra era, Bachelet ha abogado durante mucho tiempo por políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que aborden las desigualdades y protejan a las personas y al planeta antes de alcanzar puntos de inflexión que tornarían cualquier acción demasiado tardía.

“Para sobrevivir y prosperar, debemos invertir en protección ambiental y social centrada en los derechos humanos; responsabilizar debidamente a los gobiernos y las empresas por los daños ambientales; empoderar a todas las personas para que actúen como agentes de cambio por un medio ambiente saludable; y reconocer y defender los derechos de quienes se ven más afectados por la degradación ambiental”, subrayó la Alta Comisionada.

La acción ambiental basada en las obligaciones de derechos humanos proporciona resguardos vitales para las políticas económicas y los modelos comerciales. Hace hincapié en la base de las obligaciones legales de actuar, en lugar de simplemente en la política discrecional. También es más efectiva, legítima y sostenible, como lo demuestran los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas.

“La decisión de hoy de la Asamblea General marca la culminación de muchos años de defensa por parte de activistas de todos los rincones del movimiento por la justicia ambiental. Conocemos la escala de los peligros a los que nos enfrentamos. Si queremos proteger nuestro planeta para las generaciones presentes y futuras, ahora es el momento de que los gobiernos y el sector privado tomen medidas realmente audaces. Y que nos unamos para hacer del derecho a un medio ambiente sano nuestra realidad vivida y compartida”.