Comunicado conjunto de las Oficinas de las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Comisón Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

(9 de diciembre de 2024) –En el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, las Oficinas de las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacen un llamado a los Estados de la región a cesar  la criminalización de las personas que defienden derechos humanos. Esta práctica vulnera los derechos fundamentales de estas personas y socavan los principios de la democracia y el Estado de derecho.

La criminalización de personas defensoras, y periodistas, que tiene como propósito silenciar u obstruir la labor de defensa, se ha vuelto una práctica cada vez más recurrente en la región. Esta se manifiesta a través del uso indebido del derecho penal y los sistemas de justicia mediante la presentación de cargos penales infundados; la aplicación indebida de tipos penales, especialmente aquellos que con una formulación genérica o ambigua permiten interpretaciones discrecionales; o el uso de medidas cautelares utilizadas con fines de intimidación, como la detención preventiva o la prohibición de salida del país. Estas acciones suelen estar acompañadas de campañas de desprestigio y estigmatización que fomentan un ambiente de hostilidad, llevando en muchos casos al debilitamiento del tejido social y/o al exilio de las personas defensoras.

Estas prácticas están particularmente dirigidas hacia personas defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas, quienes enfrentan fuertes presiones de autoridades y actores privados interesados en proyectos extractivos que pudieran afectar los bienes naturales y territorios ancestrales. Además, observamos con preocupación que dichas prácticas también han sido utilizadas para amedrentar a operadoras y operadores de justicia que, a través del ejercicio de sus funciones, promueven el Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos combatiendo la corrupción y la impunidad.

La criminalización de personas defensoras tiene un efecto intimidatorio y paralizante en la defensa de derechos humanos, que tiene un impacto no solo en lo individual, sino también en lo familiar y en lo colectivo. A su vez, la criminalización tiene un impacto diferenciado en las mujeres defensoras de derechos humanos debido a los efectos que ésta tiene sobre ellas y sus familias.

ONU Derechos Humanos y la CIDH reiteran su compromiso con la protección de quienes defienden los derechos humanos y exhortan a los Estados a garantizar que no se inicien acciones penales infundadas en contra de ellas por el sólo hecho de ejercer sus labores de forma legítima. Reconocer y proteger su trabajo es fundamental para fortalecer la democracia, el Estado de derecho y la justicia en la región.

Finalmente, ambos organismos destacan con preocupación los altos índices de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y reiteran su llamado a los Estados a prevenir esta violencia, proteger a quienes se encuentran en situaciones de riesgo por proteger derechos, e investigar y sancionar a todas las personas responsables.