Jueces de Colombia, Ecuador y México sientan precedentes para la protección de personas en movilidad

Ciudad de México, México, 24 de octubre de 2022.-Sentencias de los tribunales constitucionales de Colombia, Ecuador y México sentaron precedentes en favor de las personas migrantes y sujetas de protección internacional al salvaguardar sus derechos a la salud, identidad, igualdad y no discriminación. Los tres fallos fomentan una mejor protección a este grupo poblacional, razón por la cual fueron reconocidos este lunes con el Premio Sentencias 2022.

“Los desafíos que enfrentan las personas en situación de movilidad para acceder a mecanismos de protección y gozar de sus derechos, entre ellos a la justicia, resaltan el papel fundamental que juegan los poderes judiciales para revertir este escenario. Los jueces cumplen una función insustituible en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes”, destacaron las organizaciones convocantes a este certamen que en siete años ha recopilado más de 300 sentencias de más de 13 países de las Américas.

Este galardón busca visibilizar las sentencias que se han emitido bajo las más altas normas y estándares en derechos humanos, así como las buenas prácticas para garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional en el continente americano.

El primer lugar del Premio Sentencias 2022 correspondió a la Corte Constitucional de Colombia, que en su sentencia T- 8.292.286 ordenó a la Secretaría de Salud valorar de forma urgente los padecimientos de una mujer venezolana y sus dos hijas que se encontraban en Santiago de Cali, sin importar que su situación migratoria fuera irregular.

La Corte Constitucional de Ecuador se colocó en el segundo sitio al ordenar en un fallo que el Registro Civil y la Presidencia de la República se coordinaran para adecuar la normativa de tal forma que la inscripción de nacimiento considere el contexto migratorio del país y las circunstancias individuales de las y los adolescentes migrantes. La sentencia derivó de revisar el caso de seis mujeres migrantes, originarias de Venezuela, a quienes les fue rechazado el registro de nacimiento de sus hijas e hijos por no presentarse con un representante legal que se los autorizara.

Finalmente, el tercer lugar fue otorgado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, cuya Primera Sala resolvió que el procedimiento de revisión migratoria que estaba previsto en la Ley de la materia es inconstitucional por ser contrario a los derechos de libre circulación y tránsito dentro del territorio nacional, así como a los de igualdad y no discriminación, toda vez que se basa en criterios raciales para determinar una posible situación irregular de las personas en el país. Además, genera impactos diferenciados en comunidades indígenas y afromexicanas.

Asimismo, sentencias de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana y la Corte Constitucional de Colombia recibieron mención especial. El reconocimiento al “equipo litigante” fue otorgado a la Corte Constitucional colombiana.

Movilidad y cambio climático

 La séptima entrega del Premio Sentencias se llevó a cabo en el marco de un foro de reflexión sobre los peligros y retos que enfrentan las personas que se ven forzadas a dejar su hogar en búsqueda de un lugar seguro o de una mejor calidad de vida, en particular quienes huyen de una amenaza que se vuelve cada día más evidente y afecta especialmente a las personas más desfavorecidas: los desastres causados por el cambio climático.

Este fenómeno es una de las principales amenazas de la humanidad. El Banco Mundial estima que cerca de 216 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse por motivos climáticos en 2050; en América Latina esta cifra podría ascender a 17 millones. La mayoría de estas personas desplazadas se quedarán dentro de su país, pero algunas de ellas se verán obligadas a cruzar fronteras en busca de seguridad y protección.

Esta variación global climatológica aparece, cada vez con más asiduidad, como un motor que genera nuevos desplazamientos de ciudades y fronteras de miles de familias que habitan en comunidades ya de por sí afectadas por la violencia y la pobreza. Personas que pierden sus modos de vida a causa de los desastres provocados por fenómenos naturales.

Ejemplos tangibles los vimos en 2020 con el paso de los huracanes Eta e Iota, que provocaron en América Central desplazamientos tanto en el interior como al exterior de las fronteras. Esto, sumado al impacto económico de la pandemia de la Covid-19 y a la violencia existente en muchos barrios de la región, generó un aumento de personas que dejaron sus países y buscan protección en países de la zona.

El cambio climático tiene un impacto global y simultáneo: quienes dejan sus lugares de residencia por alguna situación de riesgo pueden ver aumentada su exposición al riesgo y disminuida su resistencia durante su tránsito y en sus lugares de destino. Esto, aunado a dinámicas sociales de exclusión y marginación hacia las personas en situación de movilidad humana, las coloca en una situación de exacerbación de la vulnerabilidad.

La movilidad humana es una realidad desde el inicio la humanidad y continuará siendo uno de los mayores retos humanitarios del siglo. Para proteger a las personas en situación de movilidad se debe hacer frente de manera colectiva y plantear soluciones urgentes.

Los Estados del continente americano tienen la oportunidad de emprender acciones multilaterales y generar políticas migratorias coherentes con los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional para abordar la migración inducida y afectada por el cambio climático.

Organizaciones convocantes:

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ); la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Hispanics in Philanthropy (HIP), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas (RARLA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Secretaría de Acceso a Derecho y Equidad (OEA), el Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, la Relatoría sobre los derechos de los migrantes (CIDH), el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Sin Fronteras, IAP.