Conferencia magistral de Guillermo Fernández-Maldonado en el LV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

• Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
• Marco Antonio Güereca Díaz, Secretario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.
• Presidentas y Presidentes de los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades federativas
• Personal de los Organismos Públicos de Derechos Humanos presentes

Muy buenos días. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un honor compartir esta jornada con ustedes. Les agradezco la atenta invitación que me formularon para participar en su Quincuagésimo quinto Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, sobre un tema de tanta actualidad, importancia y gravedad, como es la libertad de expresión y la protección a periodistas, analizado desde el sistema no jurisdiccional.

El pasado 8 de marzo, con ocasión de la cuadragésima novena sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó: “El libre ejercicio del periodismo es fundamental para toda democracia sana. Pero en numerosos países, los trabajadores de los medios se enfrentan a niveles alarmantes de violencia, incluidos asesinatos – a menudo en impunidad.”¹

En relación con México, el Gobierno, particularmente a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y la sociedad civil, han coincidido en reconocer la muy difícil situación que enfrentan las personas periodistas en el país. Asimismo, varios mecanismos internacionales de protección de derechos humanos la consideran una de sus principales preocupaciones, en tanto las relatorías de la ONU han señalado que México es uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas².

Tan solo en los primeros tres meses de este año, la ONU-DH ha documentado el asesinato de seis periodistas y un trabajador de los medios, en los cuales ha sido posible determinar una vinculación entre las actividades periodísticas de las víctimas y los crímenes. Otras fuentes elevan a 8 los periodistas asesinados en 2022. En cualquier caso, se trata de cifras superiores a las de 2021, cuando en todo el año la ONU-DH documentó el asesinato de ocho periodistas y dos guardias de un medio de comunicación, así como la desaparición de otros dos periodistas. El mismo Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fija en más de 55 los periodistas asesinados desde el inicio de esta administración, en diciembre de 2018, y establece que el 57% de estas agresiones se concentran en seis entidades federativas: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz³.

Sin embargo, es preciso tener presente que la violencia extrema – los asesinatos y desapariciones – son apenas la punta del iceberg de los retos que enfrentan las personas que se dedican a la labor periodística. Por ejemplo, la reconocida organización especializada en libertad de expresión, Articulo 19, registró para el primer semestre de 2021 un total de 362 agresiones contra la prensa – es decir una agresión cada 12 horas – la mayoría de las cuales fueron intimidaciones y hostigamientos (31%), luego las amenazas, y después los ataques físicos. Prácticamente en todos los estados se registraron estos ataques⁴.

De acuerdo con la Alta Comisionada Michel Bachelet, en referencia a México, “los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen enfrentan mayores riesgos de ataques. Desafortunadamente, en ocasiones funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo de investigación.”⁵

Y en concordancia con la Alta Comisionada, el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, recientemente afirmó que “el 45% de las agresiones que sufren los periodistas en este país vienen particularmente de agentes del estado del ámbito de los estados y de los municipios”.⁶

Estas cifras y el hecho que la libertad de expresión está en la base de una sociedad democrática, son un llamado de urgencia a los organismos públicos de derechos humanos, para redoblar esfuerzos en el ejercicio del esencial papel que les corresponde jugar en favor de la plena vigencia de la libertad de expresión.

Es importante destacar los fuertes vínculos que existen entre el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos, con elementos que pueden superponerse entre ambas actividades, como la búsqueda y difusión de información o la denuncia de los abusos del poder. Por eso es que en México existen periodistas que pueden ser caracterizados como defensores o defensoras de derechos humanos. Incluso el periodismo de investigación, sin definirse como defensa de derechos humanos, sin duda contribuye a ella como un factor que impulsa la mayor transparencia y rendición de cuentas.

Quienes trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos profesionalmente, como es nuestro caso, tenemos la obligación de mantenernos actualizados en torno a la evolución que experimenta desde lo local hasta lo global, so pena de restar eficacia a nuestro trabajo. Así, por ejemplo, los canales a través de los cuales se puede ejercer la libertad de expresión han experimentado grandes cambios en últimas décadas. Hoy debemos reconocer la importancia de quienes utilizan los nuevos medios de comunicación, por ejemplo, los blogueros. Desde la perspectiva tradicional, estos comunicadores no serían considerados como periodistas; pero tanto Naciones Unidas como el Sistema Interamericano utilizamos la definición más amplia e incluyente de periodismo, que avala que este tipo de comunicadores sí debe ser considerado y protegido como periodistas. Esta definición se basa en un criterio funcional, y se refiere a que deben ser considerados periodistas y protegida la actividad quienes ejercen la función periodística, con independencia de su relación laboral con una empresa periodística, su dedicación a tiempo completo o parcial, su actividad permanente o puntual o el medio a través del cual transmiten la información.

Hecho este breve resumen del contexto de la libertad de expresión y de algunos elementos relevantes, la pregunta es qué factores han llevado a la dramática situación que se vive hoy en México. Sin ánimo exhaustivo, desde la ONU-DH México destacamos los siguientes:

• La impunidad en la que permanecen la mayoría de los crímenes contra periodistas.  El propio Enrique Irazoque, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, informó en enero de 2022, que la impunidad es superior al 90% en los casos de agresiones contra periodistas, convirtiéndose en uno de los grandes problemas de derechos humanos del país⁷.
• Los ataques, agresiones y declaraciones estigmatizantes realizados por funcionarios públicos. La ausencia en ocasiones de condenas inequívocas de las agresiones, la impunidad en la que permanecen y la estigmatización y descalificación de la labor periodística, entre otros factores, ha permitido que el 45% de los autores identificados de las agresiones en estados y municipios contra periodistas sean funcionarios públicos.
• La represión de manifestaciones que se extiende a quienes brindan cobertura periodística, en particular por autoridades de entidades estatales y municipales. Por ejemplo, recientemente, en Morelia, alrededor de 32 periodistas fueron lesionados cuando daban cobertura a la marcha del 8 de marzo por parte de policías estatales.
• Los obstáculos y el riesgo agravado, incluido de violencia sexual, para mujeres periodistas, por la cultura patriarcal dominante y los estereotipos de género.
• La falta de proactividad de diversas autoridades en el ejercicio de sus funciones, que lleva a las personas periodistas a ser quienes informan a la opinión pública y les exigen rendición de cuentas, lo que les coloca en riesgo.
• Las precarias condiciones laborales de gran parte del gremio periodístico
• La ausencia de una política integral de prevención.
• La existencia de tipos penales anacrónicos o demandas civiles ilimitadas utilizadas en contra de la legitima actividad periodística y de la de defensa de derechos humanos;
• La ausencia de una adecuada regulación de la publicidad oficial, a partir de objetivos, criterios y procedimientos de asignación y mecanismos de supervisión, que impida su uso discrecional y el abuso por parte de las autoridades.

Frente a esta situación ¿qué puede hacer el conjunto del Estado y particularmente los Organismos Públicos de Derechos Humanos? Creemos que algunas medidas podrían ser:

1. Fortalecer el Mecanismo federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El crecimiento en el número de personas beneficiarias, la complejidad de atender casos colectivos o el seguimiento a las medidas acordadas, por citar algunos aspectos, requerirá mayores recursos humanos y económicos y continuar con la profesionalización del personal.

Con certeza Enrique Irazoque, quien me sigue en el uso de la palabra, profundizará en los cambios que desde su perspectiva se pretenden impulsar en la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Pero desde ya, aliento a un mayor rol de las comisiones estatales de derechos humanos en relación con dicho Mecanismo. La protección de las personas periodistas no puede recaer fundamentalmente en el Mecanismo federal de Protección, es preciso que ustedes y el personal de cada una de sus comisiones jueguen un rol determinante, desde el conocimiento de las agresiones que se cometen en cada estado, su análisis y la identificación de posibles situaciones de riesgo y amenaza, así como el seguimiento a las medidas de protección que se otorgan, por citar algunas de las medidas más relevantes.

Ningún Mecanismo federal de Protección, por más recursos que disponga, puede brindar efectiva protección si no se lucha contra la impunidad y cuenta con el apoyo y acompañamiento de las autoridades estatales y municipales, incluidos los organismos públicos de derechos humanos.

Con el paso de los años, en los estados se han creado desde unidades de enlace con el Mecanismo federal de Protección hasta un mecanismo propio de protección. Desde ONU-DH consideramos que la figura de una unidad de enlace es la idónea, quizás con la excepción de la Ciudad de México por su dimensión, pero, cualquiera que sea la institucionalidad que se adopte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede limitarse a tareas de supervisión, sino que debe sumarse a los esfuerzos de protección.

2. Desde la ONU-DH creemos que, en general, las instituciones de derechos humanos deben hablar con más claridad y fuerza sobre su apoyo a las personas periodistas y la condena a los ataques en contra de ellas, máxime cuando un 45% de las agresiones provienen de funcionarios estatales y municipales, sobre los que cada Comisión Estatal tiene un mandato específico. Es necesario estar más cerca de las y los periodistas y medios de comunicación para aumentar su apoyo de diferentes maneras.

3. En el ejercicio de su mandato, los organismos públicos de derechos humanos pueden acompañar y respaldar la legítima labor de las personas periodistas a través de diversas acciones. Por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo:

• Realizar pronunciamientos públicos que reconocen la legitimidad y la importancia del trabajo desarrollado por las personas periodistas.
• Abstenerse de cuestionar la legitimidad de las personas periodistas y rechazar cualquier declaración en este sentido, ya sea en el ámbito público o privado.
• Alentar a las autoridades estatales y locales, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a reconocer y apoyar la labor de quienes defienden derechos humanos y ejercen la actividad periodística y a condenar inequívocamente las agresiones que reciben.
• Ayudar a entender y aceptar por parte de las autoridades, que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público, porque sus actividades dejan la esfera privada para insertarse en el dominio de la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realizan. El trabajo de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos no debilita al Estado, sino que lo fortalecen.
• Entregar de premios, galardones u otro tipo de reconocimientos a personas periodistas (no es tanto el valor económico como el mensaje de respaldo que se transmite).
• Visitar las instalaciones de medios de comunicación y periodistas, interesarse por su labor y difundir dichas visitas ya sea en redes sociales, a través de un comunicado y/o una entrevista con medios locales.
• Elaborar, difundir, promover información sobre el importante rol de las personas periodistas a través de libros, folletos, boletines, medios electrónicos, columnas de opinión, campañas en radio, participación en programas de televisión o radio, etc.
• Alentar y apoyar reportajes por parte de los medios de comunicación que hay en sus estados.
• Facilitar espacios para que las personas periodistas puedan entrevistarse con ustedes o con quienes integran sus comisiones.

4. Impulsar en sus entidades federativas la definición e implementación de una política pública integral para generar condiciones para ejercer de manera libre y segura la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos.

5. En el ejercicio de sus mandatos, supervisar que se realicen investigaciones efectivas, con perspectiva de género y multicultural, para poner fin a la impunidad de los ataques contra periodistas, especialmente asesinatos y desapariciones. Estas investigaciones siempre deben considerar la posible vinculación de la agresión con la labor periodística.

6. En cada uno de sus estados, alentar la regulación de la publicidad oficial, cuyo uso discrecional coloca en situación de vulnerabilidad a periodistas y medios de comunicación. Mientras se adoptan dichos marcos legislativos, establecer por la vía administrativa criterios con los que la propia entidad de derechos humanos hará las asignaciones de publicidad que se encuentran a su alcance.

7. Impulsar la eliminación de los delitos contra el honor (difamación, calumnia e injurias) y la revisión de otros tipos penales usados para criminalizar la libertad de expresión, en aquellas entidades federativas que todavía las mantienen.

8. Impulsar las reformas legislativas necesarias para evitar el uso de demandas civiles con el fin de coartar la libertad de expresión.

9. En relación con el punto anterior, reaccionar de inmediato para evitar o poner fin al uso del derecho penal para criminalizar la labor de las y los periodistas. En ocasiones observamos detenciones arbitrarias, la fabricación de evidencias o la presión a testigos para criminalizar a personas que sólo ejercen su libertad de expresión.

10. Incluir dentro de su programa de trabajo actividades sobre la protección y promoción de la libertad de expresión, acompañadas de una exhaustiva labor de recopilación estadística sobre las denuncias recibidas, los casos supervisados, las recomendaciones adoptadas, los resultados obtenidos y las víctimas acompañadas.

11. Adoptar las medidas que garanticen que las comisiones estatales de derechos humanos tengan plena consonancia con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), en particular la independencia y autonomía, y establecer equipos especializados que se centren en la libertad de expresión.

12. Dado el número de agresiones registradas y el alto porcentaje atribuido a autoridades estatales y municipales, que contrasta con el escaso número de recomendaciones, informes especiales o medidas de protección en algunos estados, evaluar la mejor forma de adoptar una actitud más proactiva en este sentido.

13. Analizar e intercambiar buenas prácticas y las lecciones aprendidas de experiencias sobre cómo garantizar que todas las autoridades, especialmente municipales y estatales, conozcan y cumplan sus obligaciones de derechos humanos.

Es evidente que estas y otras tareas corresponden a los distintos poderes, así como que la sociedad civil llamada a jugar un importante rol. Este rol central debe comenzar con los propios titulares de derechos – es decir las y los periodistas – a quienes se les debe garantizar el tener una voz activa en los procesos de construcción o cambios de políticas públicas o la adopción de medidas de protección, pero sin que la responsabilidad sea atribuida a ellas y ellos.

Finalizo estas palabras expresándoles que, desde la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, refrendamos nuestra plena disposición de cooperar con los Organismos Públicos de Derechos Humanos y periodistas para avanzar hacia el objetivo compartido de la plena vigencia de la libertad de expresión en México.

Muchas gracias.