Intervención de Jesús Peña en la audiencia de la CIDH “México: Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”

En México quienes defienden nuestros derechos y nos informan corren el riesgo de sufrir ataques que van desde campañas de desprestigio, amenazas o vigilancia, hasta desapariciones y asesinatos.

En concreto, nuestra Oficina documentó entre enero de 2019 hasta la fecha al menos 103 asesinatos de personas defensoras, 41 de periodistas y siete de trabajadores de medios en posible relación con su labor. Adicionalmente, 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas (25 de ellas recuperaron su libertad, 13 siguen desaparecidas).

De estas 189 víctimas dos tercios habían sufrido incidentes previos y el 30% habían presentado formalmente denuncias que no fueron adecuadamente consideradas y tramitadas, lo que representa un incumplimiento de las obligaciones de prevenir y proteger. Asimismo, al menos 35 tenían medidas de protección otorgadas por el Estado, 20 de las cuales a través del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta situación de riesgo ha motivado diversas expresiones de preocupación por los mecanismos internacionales[1], la última vez en el Examen Periódico Universal en enero de 2024 con 34 recomendaciones al respecto (sobre un total de 318)[2].

Ante este contexto, el Estado mexicano ha ido desarrollando progresivamente un marco normativo e institucional para atender la problemática. Entre las medidas más relevantes citaría la creación en 2010 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE)[3], en 2012 del Mecanismo de Protección[4]  y en los años siguientes de Unidades Estatales de Protección y otras figuras análogas en algunas entidades, además de fiscalías especializadas en varios estados.

Es oportuno recordar que el Mecanismo de Protección se crea a través de un marco normativo muy avanzado que se debe preservar, en la medida que:

1. Prevé un esquema de gobernanza participativa que es una referencia internacional de participación ciudadana en política pública y que facilita “decisiones más inclinadas hacia el principio pro persona”[5]. El trabajo del Consejo Consultivo ha sido fundamental para que numerosas personas defensoras y periodistas recibieran protección adecuada.
2. La normativa del Mecanismo reconoce los conceptos de personas defensoras y periodistas conforme a estándares internacionales en la materia.
3. Y, algo no menor en un país federal, descarta requisitos de fuero del delito como condición para el acceso a la protección.

A este marco se suma recientemente la ratificación del Acuerdo de Escazú[6].

En 2019, a solicitud de la Secretaría de Gobernación, nuestra Oficina presentó un Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo con 104 recomendaciones[7], que fue recibido por las más altas autoridades en la materia[8] e identifica varias necesidades de fortalecimiento. Para el seguimiento de las referidas recomendaciones[9] se estableció “un grupo de trabajo con organizaciones de la sociedad civil” que tiene como objetivos:

1. Identificar las recomendaciones prioritarias del Diagnóstico;
2. Impulsar su implementación a través de rutas específicas, indicadores y medios de verificación; y
3. Transmitir reportes periódicos a la Junta de Gobierno y al Grupo Externo de Observación, integrado por la CIDH.

El próximo mes se cumplirán 18 meses de labores y su primer informe anual resaltó que 27 de las 51 recomendaciones priorizadas tienen avances significativos y tangibles que destacan por su número y carácter estructural[10], tales como:

1. Fortalecimiento de la coordinación interna;
2. Incremento del 70% en recursos humanos, con equilibrio de género en las contrataciones;
3. Más recursos económicos y materiales para poder atender el crecimiento de personas beneficiarias;
4. Mayor coordinación con entidades federativas;
5. Mejor información pública disponible, particularmente en redes sociales.

El Grupo de Trabajo ilustra una importante convergencia de voluntades del gobierno y de la sociedad civil para, a través del diálogo constructivo, entablar un proceso participativo y estructurado de fortalecimiento institucional sin precedentes en la historia del Mecanismo. En particular, destacaría la disponibilidad de las organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia técnica y la apertura del Estado para dialogar con la sociedad civil en un auténtico proceso de rendición de cuentas.

Asimismo, se identifican desafíos que siguen impactando en la capacidad del Estado para proveer protección efectiva a las personas defensoras y periodistas, entre los que destacaría:

1. Las dificultades para incorporar a personas relacionadas con casos colectivos, que estaban en riesgo.
2. La implementación inadecuada o parcial de diversas medidas, lo que explica, en gran parte, la persistencia de ataques contra personas beneficiarias.
3. Los desafíos para atender con perspectiva de género y enfoque diferenciado a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
4. La limitada atención a las causas que generan el riesgo a través de acciones políticas, de prevención y lucha contra la impunidad. Si bien la Fiscalía General de la República (FGR) es parte de la Junta de Gobierno (y debo reconocer los avances que ha impulsado en el Grupo de Trabajo[11]), la coordinación entre autoridades involucradas en la protección y el acceso a justicia sigue siendo deficiente. Recientemente presentamos un informe que identifica buenas prácticas y desafíos y propone un plan de fortalecimiento para las fiscalías.[12]
5. Es necesario fortalecer las campañas públicas de reconocimiento de la legitima labor de las personas defensoras y periodistas, cesar los discursos que desprestigian su labor y desarrollar medidas disciplinarias para prevenir agresiones por parte de servidores públicos, que constituyen el 55% de los presuntos perpetradores identificados[13] .
6. Finalmente, es crucial impulsar la adecuada y activa participación de todas las instituciones que componen la Junta y seguir fortaleciendo la corresponsabilidad institucional. La creación de mecanismos de protección en cada estado no se traduce necesariamente en más seguridad, sino que puede terminar resultando en una difuminación de responsabilidades y disminución de capacidades técnicas, políticas y operativas para implementar la protección.

Es ineludible la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras y periodistas, pero no se puede limitar al Mecanismo; se requiere una política pública integral de protección que involucre de manera más activa a otras instituciones.

En este año de transición, reconocemos el camino ya avanzado en México, particularmente por medio de la apertura y el continuado compromiso demostrado a través del Grupo de Trabajo del Mecanismo. Estos esfuerzos requieren ser complementados con una Política de Estado Integral que garantice el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.

Para el camino que aún nos falta, cuenten con el apoyo de ONU Derechos Humanos.