Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para la presentación del análisis de la investigación y judicialización por los homicidios de los periodistas Miroslava Breach Valducea y Javier Arturo Valdez Cárdenas

Mis primeras palabras son de agradecimiento a Propuesta Cívica y a Reporteros sin Fronteras por invitar a la ONU-DH a participar en la presentación de este importante análisis sobre la lucha por la vigencia del derecho a la justicia y contra la impunidad, en particular con relación a los asesinatos de dos periodistas muy queridos y reconocidos en México y más allá de sus fronteras, Miroslava Breach y Javier Valdez.

El lanzamiento de este informe ocurre en un contexto de persistente preocupación para quienes trabajamos para fomentar culturas de derechos humanos y fortalecer el Estado de derecho. Sólo para el 2022, la ONU-DH ha podido documentar el asesinato de al menos 9 periodistas y de 5 trabajadores de medios de comunicación en México. Y sabemos que los asesinatos son la cara visible de un fenómeno mucho más amplio y complejo. Los ataques contra periodistas son cada vez más numerosos, desde actos de vigilancia y ciberacoso, acoso judicial y criminalización hasta amenazas, amenazas de muerte, asesinatos y desapariciones. No se puede omitir mencionar los discursos públicos que buscan desacreditar la prensa y el afán de excluir de la definición de periodistas a todas aquellas personas que no encajan dentro de una visión muy institucionalizada y regulada de lo que es la labor periodística. Los ataques contra las y los periodistas son cada vez más sofisticados y comprenden a una variedad de actores estatales como funcionarios públicos y no estatales, desde la delincuencia organizada hasta ciertas empresas, que buscan encubrir delitos, ilegalidades y violaciones de derechos humanos.

Este ciclo de violencia contra quienes informan se sostiene y florece, en gran parte, gracias a un amplio contexto de impunidad, el tema que nos convoca hoy. La impunidad no es un acto aislado, es un sistema. Se nutre en cada etapa de vacíos legales, de la falta de capacitación del personal encargado de la procuración de justicia, de la ausencia de planes de prevención, protección efectivos; de la falta de debida diligencia en la investigación y la ausencia de juzgamiento y sanción para los responsables de las violaciones de derechos humanos. Aunque existen órganos especializados para la procuración de justicia destinados a quienes ejercen el periodismo, las lagunas siguen siendo numerosas, sobre todo en los casos que permanecen en el ámbito local: a menudo no se agotan líneas de investigación referentes a la labor periodística de la víctima, se suele revictimizar a las personas que denuncian, no se contempla las diversas modalidades de violencia y frecuentemente no se toma en cuenta cómo las violaciones de derechos humanos afectan de manera holística a las personas. En el caso de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sabemos que además de todas estas barreras, la determinación de la autoría intelectual de un asesinato sigue siendo muy problemática ya que las pocas veces que se logra sancionar a un responsable del asesinato, se limita en la mayoría de los casos a los autores materiales. En este sentido en 2017, los entonces relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU, David Kaye y de la CIDH, Edison Lanza, llamaron a las autoridades mexicanas a elaborar mecanismos para ayudar a identificar los autores intelectuales de los asesinatos conta periodistas. Este objetivo sigue pendiente.

La evidencia nos muestra un panorama bastante desalentador, pero también se deben destacar los avances que resalta el presente análisis. En 2010, se creó la Fiscalía especializada para la atención de los delitos contra la libertad de expresión. El análisis de Propuesta Cívica y de Reporteros sin Fronteras deja patente la necesidad de que las investigaciones sigan hasta llevar a todos los responsables identificados ante los tribunales de justicia. De igual modo, el análisis demuestra que el juicio y las condenas en los casos de Miroslava Breach y de Javier Valdez pusieron de manifiesto la importancia del trabajo de la FEADLE en colaboración con los representantes de las víctimas. La ONU-DH fue testigo de esos procesos tanto en la etapa de investigación como durante las audiencias, en las que la institución contribuyó de manera determinante para la realización del derecho a la verdad.

Cabe notar también la adopción en 2018 del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión. Una herramienta fundamental cuya utilización se tiene que seguir ampliando, particularmente en las fiscalías estatales.

En los últimos años la FEADLE ha ido aumentando de manera importante sus índices de judicialización de casos (consignaciones en el sistema anterior), así como los resultados en términos de sentencias (34, de las cuales 30 se lograron a partir de 2018) y de soluciones alternas y formas de terminación anticipadas. Dos indicadores muy ilustrativos del fortalecimiento técnico paulatino son los números de técnicas de investigación empleadas y el número de audiencias (este último pasó de 19 en 2017 a 227 en 2022).

Sin embargo, sin dejar de valorar estos esfuerzos, es también evidente que siguen siendo insuficientes ante el contexto general de grave violencia e inseguridad. Una fiscalía con 20 agentes del ministerio público (y que ha perdido personal en los últimos años) no reune las capacidades necesarias para investigar de manera eficaz y oportuna los delitos cometidos contra periodistas en México. Más aún, no logra hacerlo respecto de los delitos de mayor gravedad, como son homicidios de periodistas.

Ante esta evidencia, hago propicia esta oportunidad para hacer un atento pero urgente llamado a las y los legisladores de todo el espectro político: es absolutamente fundamental que el Estado mexicano priorice la asignación de recursos mínimos para que instituciones como la FEADLE cuenten con personal suficiente y calificado, como requisito sine qua non para que la impunidad deje de ser la regla y se convierta en una excepción.

Por otro lado, en 2012, se adoptó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) y se creó de un mecanismo federal de protección a estas personas. Según las cifras oficiales actuales, del total de 2060 personas beneficiarias  de medidas de protección de este mecanismo, 582 son periodistas. Importante mencionar que familiares de periodistas asesinados también han podido recibir medidas de protección de este mecanismo, como reubicación temporal en refugios o servicios de escolta. Aquí es oportuno reconocer el aporte de las y los periodistas, miembros del consejo consultivo, por su liderazgo y rol de alerta sobre la situación de periodistas en riesgo.

Se debe reconocer que las instituciones y mecanismos no pueden acabar con la impunidad por si solos, pues se requiere una respuesta integral. Pero lo que sí pueden hacer hoy, es contribuir de manera directa y tangible con enviar un claro mensaje de tolerancia cero a los perpetradores pasados y futuros.

La ONU-DH sigue apoyando las autoridades mexicanas a través de su asistencia técnica basada en estándares internacionales de derechos humanos. Una recomendación vigente, parte del Diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección que presentamos en 2019, es que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia adopte e implemente una estrategia de combate a la impunidad de delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, basándose en insumos existentes y disponibles, como la Política de Priorización de FEADLE o la implementación del Protocolo Homologado por todas las fiscalías del país.

La ONU-DH apoya el fortalecimiento del Mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos. Combatir la impunidad también pasa por mejorar la protección de quienes siguen su labor de información en un grave contexto de violencia.

Asimismo, es necesario seguir desarrollando y fortaleciendo enfoques diferenciados sobre grupos con un mayor riesgo, como las mujeres periodistas y quienes ejercen la labor periodística en contextos aislados o en zonas de presencia de delincuencia organizada. ¿Cómo se aplican enfoques diferenciados? Supone acciones específicas que van desde diseñar medidas de protección integral adecuadas a estos grupos hasta asegurar la perspectiva de género y de interculturalidad en todas las etapas de la investigación penal.

El extenso análisis de las investigaciones de los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez presentado hoy, permite identificar otras buenas prácticas y áreas de mejoría. Por ejemplo, la importancia de la documentación exhaustiva de los casos, la oficiosidad y oportunidad en los actos de investigación, el uso de técnicas especializadas de investigación, el rol de la asesoría jurídica o la necesidad de fortalecer los planes de investigación. Se trata de mejoras alentadoras, que deben ser sostenibles y replicables como parte de una verdadera política de Estado para fortalecer la procuración de justicia.

Hoy expresamos nuestro reconocimiento y celebramos el valor y persistencia de todas las mujeres y hombres periodistas que, a pesar de las amenazas y ataques, siguen investigando y publicando análisis, artículos, libros sobre hechos de corrupción, mala gobernanza, delitos ambientales o desapariciones forzadas. Nuestro agradecimiento a todas las personas que nos permiten saber qué pasa en los rincones más alejados del territorio mexicano y hacen que la información también llegue a estos lugares frecuentemente olvidados. Hoy recordamos la voz y la pluma de Miroslava y de Javier, quienes inspiraron e inspiran a tantas y tantos mexicanos a seguir luchando por el derecho a informar. Su muerte es un permanente recordatorio de la necesidad de sumar esfuerzos hacia el objetivo compartido de acabar con la impunidad. A casi 75 años de la Adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 30 años del establecimiento del día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, debemos tener siempre presente que la libertad de expresión es el motor de los demás derechos humanos en una sociedad democrática. Es nuestra responsabilidad colectiva y la del Estado contribuir con un ejercicio libre y seguro del derecho a la libertad de expresión.

Muchas gracias