Palabras de Jan Jarab en el Foro: “Pasos hacia la consolidación del Sistema de Protección a la Niñez Migrante en México”

(23 de mayo 2018)  Muy buenos días a todas y todos.

Es un placer y un honor estar aquí con Ustedes y compartir este presidio con autoridades nacionales y colegas del sistema de Naciones Unidas.

Permítanme, por favor, empezar con el reconocimiento del liderazgo de la CNDH en los derechos de los niños migrantes, uno de los grupos más vulnerables en México – el liderazgo del Presidente de la CNDH, Luis Raúl González, y del quinto Visitador, Edgar Corzo y también de Ricardo Bucio, Secretario Executivo de SIPINNA.

Defender los derechos de los migrantes es una tarea difícil y a veces ingrata. En el contexto de la muy compleja situación de derechos humanos que atraviesa México, los derechos de los migrantes pueden ser vistos como algo que está “competiendo” con otras prioridades en la agenda de los derechos de los propios mexicanos – desaparición, ejecuciones extrajudiciales, tortura, defensores de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay que enfatizar que todos estos retos tocan también a los migrantes – como lo demuestran las masacres de San Fernando y Cadereyta, las desapariciones de los Centroamericanos a quienes hoy buscan sus familias en la misma manera como las mamás mexicanas buscan a sus desaparecidos, y de hecho, muchos de los migrantes centroamericanos también son indígenas.

Más allá de la simple “competencia” por la atención de los quienes defendemos los derechos humanos, las y los migrantes son frecuentemente objeto de olvido sistemático y a veces de declaraciones o actuaciones que les estigmatizan.

En la sociedad mexicana, hay una creciente sensibilidad hacía los derechos de los connacionales, los mexicanos en los Estados Unidos – pero muchas veces falta de la misma sensibilidad hacía los derechos de los demás, sobre todo los Centroamericanos. Sin embargo, el denominador común de la reacción no debería ser el nacionalismo, sino los derechos humanos, universales e indivisibles.

Dado todo este contexto difícil, es particularmente valioso (y valiente) que la CNDH siga alertando sobre las violaciones de los derechos de los migrantes no mexicanos en el propio México – e impulsando mejoras en la política migratoria, – una política que debe tener como su eje rector los derechos humanos.

En este contexto, también me alegra qué en el debate de los candidatos a la presidencia, este domingo, todos los candidatos se han pronunciado a favor de una postura humanista, inclusiva, hacía los migrantes no mexicanos que transitan por el territorio del país – a veces reiterando que es necesario tratar a los migrantes centroamericanos y otros en México de manera digna para tener la credibilidad exigiendo lo mismo de las autoridades de los Estados Unidos, cómo lo mencionó también el Presidente de la CNDH.

La prioridad de los derechos humanos es particularmente importante cuando se trata de niños y adolescentes, menores de edad, porque el hecho de ser niños – cuyos derechos son protegidos por la Convención de los Derechos del Niño hasta los 18 años de edad – debe prevalecer sobre el estatus migratorio que cada quien de ellos tiene. En lo general, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, se está fortaleciendo, pero la gran parte del trabajo está aún por delante. Hay que insistir que la situación de niños refugiados, niños solicitantes de asilo, niños migrantes cualquier sea su estatus migratorio, se considere principalmente como un asunto de protección de los niños.

Decenas de miles de niños migrantes pasan por el territorio de México cada año. Cómo lo documentó el anterior informe de la CNDH, muchos de ellos son los menores no acompañados que huyen de la violencia, de la inseguridad, o porque no quieren ser reclutados por las pandillas. Pero los niños acompañados, los niños que viajan con sus familias – muchas veces niños más pequeños – tampoco deben ser olvidados o tratados simplemente como pertenencias de sus familias.

Ni unos, ni otros deben enfrentar la detención en las eufemísticamente llamadas “estaciones migratorias”. Hay que ser honestos: instituciones de carácter carcelario, guardadas por hombres armados, no pueden ser calificadas de “alojamiento”: en la terminología internacional, esto se llama detención migratoria.

En este contexto, cabe también mencionar que la armonización de la ley migratoria y la ley de refugio con la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, que fue adoptada por el Senado en los últimos días de la legislatura actual – y que lamentablemente no fue adoptada por la Cámara de Diputados, a pesar de los llamados de cuatro agencias de Naciones Unidas.

Entonces: ¿verdaderamente queremos una política migratoria que no viole los derechos de la niñez migrante? ¿Se quieren implementar las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, desde el Comité de los Derechos del Niño hasta el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios? Mis colegas Mark Manly de ACNUR y Christian Skoog de UNICEF ya mencionaron varias de las recomendaciones; yo mi limito entonces a reiterar unas pocas.

Si verdaderamente queremos proteger los derechos de los niños migrantes, hay que garantizar:

  • Que se ponga fin a la detención migratoria – que la no detención y uso de alternativas a la detención se aplique de manera general, y no sólo como “proyectos pilotos”, que haya diversificación de estas alternativas, desde centros a puertas abiertas hasta las familias de acogida.
  • Que todos los niños y niñas tengan acceso a la protección internacional – a solicitar el estatus de refugiado y a formas subsidiarias de protección, que sean informados de manera adecuada, que sean evaluadas todas sus necesidades de protección.
  • Que los órganos de protección de infancia en el contexto migratorio sean personas capacitadas, sin conflicto de interés (por ejemplo, que no sean los propias guardias quienes ejercen este rol), capaces de determinar el interés superior del niño.
  • Que la tutela en todos los menores no acompañados sea verdadera, no sólo formal – y no quitando la voz al propio niño.
  • Que se garantice el acceso a la justicia de niños y niñas migrantes, y sus familiares, que en su tránsito por México han sido víctimas de delitos, a partir de una colaboración interinstitucional, pero también de cooperación con las instituciones de los países de origen y destino.
  • Que se garantice el acceso a la educación.
  • Que se reconoce el rol clave de la sociedad civil.

Cumplir con todas estas obligaciones (y otras) requiere no sólo fortalecer y perfeccionar las políticas e instituciones actuales, sino también revisar y – según nuestra opinión – cambiar el paradigma de actuación, toda la “filosofía” detrás, demasiado enfocada en el objetivo de repatriación expedita, retorno expedito, cómo lo mencionó Mark Manly.

En todos los cambios que se requieren, cuentan por favor con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.

Espero que las discusiones que se llevaran a cabo hoy podrían también contribuir a la búsqueda de soluciones que fortalezcan al sistema de protección a la infancia en el contexto de migración. Les deseo un evento inspirador y útil.

Les agradezco por su atención.

Fin