Palabras Jan Jarab para la presentación del Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Antes de resaltar algunos de los resultados legislativos alcanzados en el año del que se da cuenta, permítanme subrayar un elemento de la forma de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos que explica, en parte, la calidad de sus productos. La Comisión de Derechos Humanos ha privilegiado un método de trabajo abierto que promueve el involucramiento de los actores clave. Al tiempo que agradezco la apertura para contar con la asesoría constante de mi Oficina, reconozco la inclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las organizaciones de la sociedad civil y, de manera particularmente destacada, de las y los titulares de derechos.

En una democracia, tan importante como los productos son los procesos. Por ello, resalto la relevancia que supone para el quehacer legislativo el diálogo y el privilegio de las ideas en la búsqueda de los acuerdos.

A dos de las piezas de legislación de las que se da cuenta en el presente informe deseo referirme en la primera parte de mi intervención.

La ley general sobre tortura constituye una avanzada pieza de legislación que debidamente implementada puede contribuir a superar una práctica dolorosa enquistada a nivel nacional. Derivado de la ley, el Senado tiene ahora la importante responsabilidad de designar a las personas que integrarán al primer Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, órgano de gobierno de la instancia nacional encargada de supervisar las condiciones de privación de la libertad en el país. Por la relevancia del naciente órgano hago un llamado atento a la Cámara Alta para que nombre a las personas idóneas para desarrollar las funciones previstas en la nueva legislación.

La Oficina también reconoce el trabajo desplegado en la elaboración de la ley general sobre desaparición de personas. La minuta enviada a la Cámara de Diputados es un producto sólido que ha contado con la participación de familiares que buscan a sus seres queridos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Toca ahora a la Cámara de Diputados aprobar la ley en los próximos días y asignar las partidas presupuestales necesarias para su adecuada instrumentación.

Amigas y amigos,

La Oficina ha atestiguado la productividad de la Comisión de Derechos Humanos y del Senado de la República en los cinco años transcurridos de su mandato. Sabedor de las capacidades existentes, paso ahora a referir algunos temas de agenda relevantes desde una perspectiva de derechos humanos para el año legislativo que amanece, último de la actual Legislatura.

Primero, la Fiscalía. México enfrenta un problema crítico en materia de investigación y persecución del delito. La impunidad no toca sólo a los delitos “comunes”, sino aún más en la investigación de graves violaciones de derechos humanos. La Oficina insta al Senado de la República para que la instauración de la nueva Fiscalía General de la República sea antecedida de una reforma constitucional que asegure la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad y la rendición de cuentas, tal y como lo han propuesto diversos actores políticos y sociales. Antes de designar al titular de la nueva institución, es preciso definir el diseño de la institución. Antes del quién, está el qué. En todo caso, el titular de la institución debe ser designado con base en sus méritos y cualidades y emanar de una consulta abierta, trasparente, participativa e incluyente. Sería un error muy grave reducir la deliberación sobre la creación de la nueva Fiscalía General de la República a una mera discusión sobre el perfil de su titular. Esta transformación representa una ventana de oportunidad histórica para México. No nos queda duda que se necesita una transformación profunda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. México necesita – ¡México merece! – un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos.

Segundo, la seguridad interior. Reitero la posición de la Oficina que la sociedad mexicana necesita un debate público, honesto e inclusivo en torno al modelo de seguridad para el país – me sumo en esto a lo que han dicho el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González, y Ernesto López Portillo. En este debate se necesita evaluar los resultados de los diez años de la utilización del paradigma militar – o que se logró, o que no se logró, y cuál era el impacto a los derechos humanos. No nos parece idóneo adoptar una ley que va a petrificar el statu quo.

Tercero, sistema penal acusatorio. La Oficina alienta a defender al sistema penal acusatorio, a rechazar las contrapropuestas que pretenden socavar sus rasgos garantistas. Estamos convencidos que no se debe incrementar la lista de delitos que conllevan la prisión preventiva oficiosa. De hecho, muchos países con estado de derecho avanzado no tienen la figura de prisión preventiva “oficiosa” vinculada con una lista de delitos imputados – la prisión preventiva se utiliza como medida cautelar, según la valoración del juez. En esta materia, el objetivo consiste en preservar los avances, eliminar los resabios y ahondar en la profesionalización de los entes encargados de la operación del nuevo sistema…. y a derogar el arraigo.

Cuarto, publicidad oficial. La Oficina rechaza cualquier tipo de presión que tenga por objeto inhibir el ejercicio libre de la expresión. Por ello, la Oficina invita a regular la asignación de la publicidad oficial sobre la base de criterios preestablecidos, transparentes y objetivos. En ningún caso, los recursos públicos deben emplearse para castigar o premiar las líneas editoriales de los medios de comunicación.

Quinto, ley de archivos. El Senado lideró los esfuerzos para la construcción de los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción. Es preciso culminar la tarea legislativa emitiendo la ley general de archivos. La ley debe garantizar la especialización y el profesionalismo, así como la autonomía técnica y operativa en la conservación, organización, difusión y accesibilidad a los archivos. Los documentos históricos, al igual que los que albergan información sobre violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, deben ser de pleno acceso público. Sólo así se favorecerá la rendición de cuentas, la construcción de la memoria y el derecho a la verdad.

Sexto, la Oficina se suma a los esfuerzos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir una ley general en materia de desplazamiento interno forzado.

Séptimo, alentamos a que se armonice la legislación migratoria con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para, entre otros objetivos, garantizar que los niños migrantes no sean detenidos en las estaciones migratorias.

Octavo, a que se fortalezca el marco legislativo en materia de asilo a la luz del renovado artículo 11 constitucional, con un enfoque particular en los derechos de las personas solicitantes del estatus de refugiado.

En ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución, aliento al Senado a que promueva la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño; de los tratados interamericanos de derechos humanos pendientes aún de adhesión, así como de otros tratados internacionales relevantes desde una perspectiva de derechos, como el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras domésticas.

De manera especial, animo al Senado y a todas las personas presentes a que se sumen a la campaña que ha lanzado nuestra Oficina para favorecer el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir denuncias individuales y fortalecer el régimen de protección internacional de los derechos de las víctimas de desaparición.

Amigas y amigos,

Felicito a la Comisión de Derechos Humanos por lo alcanzado y le deseo el mayor de los éxitos en la materialización de los objetivos programados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México refrenda su voluntad de seguir trabajando a su lado en la importante labor legislativa que desarrolla en favor de la dignidad de todos los seres humanos.

¡Muchas gracias!