Buscando justicia por la violencia estatal en México

La versión oficial de lo ocurrido los presentó como sicarios armados abatidos en un enfrentamiento. Quince años después, sus familias continúan exigiendo una justicia integral.

Originario de Saltillo, Coahuila, cuando era pequeño, Jorge estaba apasionado por la gimnasia y luego se enfocó en la ingeniería en la preparatoria. Javier, quien nació en Todos los Santos, Baja California, era un estudiante meticuloso y dedicado.

“El 18 de marzo hablé con Jorge y me dijo: ‘Mami, si no te hablo a la noche no te vayas a preocupar, tengo mucho trabajo, me va a acompañar Javier’”, dijo Rosa Elvia Mercado Alonso, mamá de Jorge.

La mañana siguiente, la noticia de un enfrentamiento en las afueras de la universidad alarmó a las familias.

“A mí se me hizo un nudo en la garganta y en el pecho, pero estaban anunciando que eran dos sicarios”, dijo Joel Medina Salazar, padre de Jorge.

Al no poder contactarlo, Medina Salazar y Mercado Alonso se trasladaron de Saltillo a Monterrey para buscar a su hijo.

De manera similar, la familia de Javier comenzó a buscarlo.

 

En la universidad no tenían más información, así que su desesperación los llevó a buscar en hospitales. Finalmente, los encontraron en el Servicio Médico Forense, donde sus cuerpos, golpeados y desfigurados, habían sido entregados.

“Los militares, después de nueve años, fueron a la casa a ofrecernos lo de los gastos funerarios. Nos enojamos”, dijo Mercado Alonso. “Yo lo que quería era limpiar el nombre de Jorge y Javier, porque se había dicho que eran dos sicarios y que iban armados hasta los dientes”.

Gracias a la persistencia de las familias, al apoyo de grupos de activistas y a la labor de ONU Derechos Humanos en México, el gobierno emitió una disculpa pública y, en diciembre de 2024, se confirmó una sentencia contra cinco miembros del Ejército responsables de la ejecución extrajudicial y de alterar la escena del crimen. Para Jesús Arredondo Rodríguez, tío de Javier, la sentencia y la disculpa representaron un avance, pero no una justicia completa.

Arriesgarlo todo

El despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública también ha marcado el caso de Armando Humberto del Bosque Villarreal, desaparecido forzosamente en 2013 por elementos de la Marina en Nuevo León. Su padre, Humberto del Bosque Gutiérrez, abogado y empresario minero, dejó su vida profesional para dedicarse a buscar justicia.

“Desde el primer día que desapareció mi hijo, tuve amenazas de muerte de parte de quien comandaba ese regimiento que ahorita está en la cárcel”, dijo Del Bosque Gutiérrez.

 

Armando, quien trabajaba con su padre, denunció amenazas de un vecino sin saber que tenía conexiones con la policía. Poco después, elementos de la Marina lo detuvieron arbitrariamente frente a su padre, lo desaparecieron y ejecutaron.

“La Marina, en lugar de investigar, protegió a los delincuentes y desapareció a mi hijo”, dijo del Bosque Gutiérrez.

“Nosotros, los ciudadanos de trabajo comunes, no usamos armas. Nuestra arma es la razón en la búsqueda de la justicia.” – Humberto del Bosque Gutiérrez, padre de Armando del Bosque y defensor de derechos humanos

Más de una década después, se dictó sentencia por la desaparición forzada contra los oficiales de la Marina responsables, un logro significativo en un país con un índice de impunidad de 98%.

“El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo me ha apoyado y la incidencia de la Oficina del Alto Comisionado en México ha sido fundamental”, dijo Del Bosque Gutiérrez.

Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos en México, dijo que la Oficina ha desempeñado un papel clave en ambos casos, aportando estándares internacionales de derechos humanos a las instancias judiciales y defendiendo los derechos de las familias de las víctimas, pero también utilizando su voz para amplificar la lucha de las familias por la justicia.

Una guerra fallida contra el narco y sus víctimas

“México, y en particular Monterrey, durante los años de la guerra contra el narco eran espacios muy hostiles para las juventudes. Nos estaban matando de una forma en que no se había visto antes”, dijo Alejandra Ortiz, originaria de Coahuila y activista del colectivo Todxs somos Jorge y Javier.

Este colectivo, conformado por exalumnos y ciudadanos solidarios, acompaña la lucha de las familias con el lema: “Sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz”. Ortiz subrayó la importancia de recordar estos casos para evitar que la historia se repita.

 

Peña Palacios explicó que la violencia en el Noreste de México se intensificó con el enfrentamiento entre los cárteles que operan en la región.

“El gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, dijo. “Sin embargo, lejos de reducir la violencia, esta estrategia ha provocado graves violaciones a derechos humanos.”

De acuerdo con ONU Derechos Humanos, la falta de controles civiles y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha permitido que la impunidad prevalezca en la gran mayoría de los casos.

“La región del Noreste de México ha sido una de las más afectadas por un modelo de seguridad ampliamente cuestionado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos”, dijo Peña Palacios. “México debe avanzar en la profesionalización de sus policías y garantizar el repliegue gradual de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública.”

Luchar por justicia plena

En estos dos casos, los principales avances se registran en el ámbito de la justicia y en la perseverancia de la memoria, gracias a la admirable tenacidad de las familias, dijo Peña Palacios.

“Sin embargo, los retos subsisten mientras las sentencias solamente alcanzan a los autores de menor rango, aún no se brinda una reparación integral y está pendiente la adopción de medidas efectivas de no repetición”, añadió.

De acuerdo con Peña Palacios, la búsqueda de justicia en México presenta retos adicionales cuando integrantes de las Fuerzas Armadas cometen graves violaciones a los derechos humanos e incluso se ha observado cierta propensión para alterar la escena del crimen o encubrir a los elementos e instituciones responsables.

“A menudo, las víctimas son estigmatizadas y criminalizadas, alegando que tenían vínculos con organizaciones delictivas”, dijo Peña Palacios. “Las investigaciones no se realizan con la debida diligencia, exhaustividad e independencia que amerita la gravedad de los hechos”.

Peña Palacios dijo que, en la búsqueda de justicia, las familias de Jorge, Javier y Armando han encontrado fuerza para exigir sus derechos enfrentando procesos judiciales larguísimos y, en ocasiones, la negligencia e indiferencia del Estado.

“Su resistencia y compromiso con la memoria mantienen viva la esperanza de que estos crímenes no queden en el olvido y que, algún día, se logre una justicia plena.” – Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos en México