Cristóbal Espejel: un caso de tortura y detención arbitraria que sigue en la impunidad

Cristóbal Espejel Soto es un joven de 27 años de edad que disfruta pasar tiempo con su familia y andar en moto. En 2009 estudiaba derecho en la Universidad Azteca y trabajaba en la paletería de su papá. El 14 de agosto de ese año, al irse a reunir con su padrino Andrés en las afueras de Chalco, Estado de México, para una fiesta de cumpleaños a la que su padrino estaba invitado, las personas presentes fueron atacadas por elementos de la Policía Federal que llegaron con varias camionetas y les obligaron a tirarse al suelo.

Minutos más tarde, llegaron al lugar más elementos de la Policía Federal quienes insultaron y golpearon fuertemente a Cristóbal y a las otras personas que ahí se encontraban. Al quitarle sus identificaciones a Cristóbal le dijeron: “¿Eres estudiante? – Sí. ¿Conoces el artículo 14 [de la Constitución]? – Sí. – Bueno, olvídalo porque ahora ya no tienes más derechos. Ya no eres nadie.” A la banda de músicos que presenció todo le dijeron: “canten hijos de su chingada madre, para que no se oiga lo que estamos haciendo aquí.” Los golpes, insultos y amenazas hacia las personas presentes continuaron con música norteña de fondo. Luego de un rato llegó al lugar otra camioneta con varias personas que no pudieron identificar. Cristóbal escuchó una voz de mujer que decía “este sí, este no, a este no lo conozco…”. La mujer se dirigió a Cristóbal y le dijo “ya sabemos quién eres”.

En ningún momento de la detención se les mostró, ni a Cristóbal ni a las otras personas, una orden de aprehensión. Cristóbal fue vendado, esposado y transportado junto con otras siete personas en un vehículo de la Policía Federal. Desde Chalco, fueron llevadas a un edificio de la Policía Federal en la Ciudad de México. Ahí, en el gimnasio del edificio, los desnudaron y uno a uno los golpearon, fueron amenazados, insultados y sumergidos en agua (a través de la técnica de waterboarding). A Cristóbal le colocaron una bolsa plástica en la cabeza ocasionándole sofocos y vómitos mientras le decían “Tú eres el Junior ¿no? Ya lo sabemos”. Luego de haber sufrido tortura y malos tratos, los oficiales lo vistieron y lo obligaron a “ponerse presentable”, lo cual en la práctica significó limpiarse y quitarse la sangre con el agua en la que antes había vomitado. Posteriormente, un policía se quitó el pasamontañas y les dijo: “les vamos a presentar unos papeles. Si los firman, los dejamos en libertad.”

Ese mismo día, Cristóbal y los demás detenidos fueron presentados ante un amplio número de medios de comunicación; Cristóbal pudo ver los logotipos de Televisa y TV Azteca, entre otros. En las instalaciones también observó logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública, armas y estupefacientes. Cristóbal apareció en medios portando un cartel en el que aparecía su nombre junto con la leyenda “el Junior, familia michoacana”, vulnerándose así su derecho a la presunción de inocencia. Tanto Cristóbal como los otros siete detenidos afirmaron ante los medios que eran inocentes y que no habían participado en los hechos que se le imputaban ni pertenecían a ningún grupo del crimen organizado. Estos mensajes no fueron publicados pero las imágenes presentándolos como miembros del crimen organizado sí. Cristóbal y las otras siete personas detenidas junto con él pasaron la noche en ese edificio, obligados a permanecer en posturas incómodas durante horas.

A la mañana siguiente Cristóbal fue golpeado por elementos encapuchados de la Policía Federal mientras le decían “te vamos a llevar a un lugar donde te van a violar. Ya sabemos quién es tu familia y dónde está tu paletería.” En ese momento llegó alguien que dijo “éstos no tienen nada qué ver, sáquenlos de aquí.” Uno de los policías dijo “no, no, que se vayan a la chingada” Luego de esto, fueron subidos a un vehículo y trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde nuevamente sufrieron malos tratos tales como golpes fuertes en la nuca, el cráneo, costillas, tobillos, etc.

Inicialmente, Cristóbal fue acusado de los delitos de crimen organizado, delitos contra la salud, secuestro y portación de armas. Sin embargo, después de la presentación de varios amparos por parte de su defensor y de su familia, sólo se mantuvo el cargo la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Luego de una estancia en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 5 en Veracruz, Cristóbal fue internado en el Cefereso No. 4 de Tepic, estado de Nayarit, ambos lugares lejos de su familia y de su hogar. Cristóbal pasó más de cinco años privado de la libertad esperando sentencia en su juicio. Este período prolongado de detención preventiva se debió en parte al estancamiento o dilación de la actividad judicial en la causa penal.

Durante este tiempo se presentaron diversas denuncias por las torturas sufridas. El 5 de noviembre de 2009, Cristóbal denunció la tortura por primera vez durante una audiencia ante un juez. Sus padres presentaron una queja ante la CNDH en marzo de 2014.

Entre otras acciones, en febrero de 2014, la ONU-DH México se entrevistó con los padres de Cristóbal y posteriormente, en varias ocasiones, con el propio Cristóbal en el Cefereso No. 4. La ONU-DH también llevó a cabo entrevistas con varias personas que presenciaron la detención de Cristóbal y las otras siete personas por parte de la policía federal. Asimismo, la ONU-DH sostuvo reuniones con las autoridades jurisdiccionales que conocían el caso para entregarles información sobre estándares internacionales en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura; detención arbitraria; y debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia.

El caso también fue conocido por el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, quien se entrevistó con los padres de Cristóbal en el contexto de su visita oficial a México durante abril de 2014.

El 8 de diciembre de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tepic, Nayarit emitió una sentencia inculpatoria por medio de la cual condenaba a Cristóbal a una pena de cuatro años de prisión y una multa por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Como queda reflejado en la sentencia, la única evidencia en su contra fue el parte informativo presentado por los elementos aprehensores y la declaración auto inculpatoria obtenida bajo tortura. Dado que Cristóbal ya había pasado más de cinco años en prisión preventiva, el juez ordenó su liberación inmediata.

Cristóbal presentó una apelación contra su sentencia y actualmente está esperando que el magistrado la dictamine. Sin embargo, más allá del fallo que eventualmente emita dicho tribunal, Cristóbal es ya una víctima que sufrió violaciones de derechos humanos, entre otras haber sufrido actos de tortura, una detención arbitraria y faltas al debido proceso. A pesar de haber denunciado los actos de tortura ante un juez, que debió haber activado la obligación del Estado de investigar estos actos, y haber presentado una queja ante la CNDH al respecto, no hay una investigación exhaustiva, sanción ni reparación.

Cristóbal sufrió múltiples daños económicos y físicos, pero sobre todo, a su integridad psíquica. Ahora intenta restablecer la normalidad en su vida y continuar con sus proyectos, mismos que se vieron interrumpidos por estos actos de injusticia. A pesar de ello, Cristóbal está convencido de seguir luchando para conseguir justicia, hasta llegar a los más altos tribunales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solamente para conseguir su propia reparación integral, que deberá incluir el restablecimiento de su honor, sino para garantizar medidas de no repetición y evitar este tipo de actos contra otras personas en el futuro. Al respecto, Cristóbal ha dicho que “a pesar de todo, sigo de pie y con la frente en alto y en lucha de justicia por un México y un mundo sin corrupción ni tortura.” La ONU-DH continúa dando cercano seguimiento al caso de Cristóbal Espejel.

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