Denise Chávez, sobreviviente de tortura, recupera su libertad tras 9 años en prisión preventiva

Con base en estándares internacionales de derechos humanos y desde una perspectiva de género, la Jueza Penal no encontró elementos suficientes para concluir que Denise Chávez Mariscal hubiera participado en el delito imputado y consideró la tortura sexual de que fue víctima. Para ello, resultó fundamental la representación extraordinaria que asumió el Instituto Federal de Defensoría Pública y el uso del “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Protocolo de Estambul).

El 20 de marzo de 2014, Denise Chávez Mariscal, entonces de 28 años, se encontraba con su hermana y su pareja, en su domicilio en Ensenada, Baja California, cuando elementos de la extinta Policía Estatal Preventiva ingresaron violentamente y les detuvieron sin orden de aprehensión. Posteriormente, las tres personas fueron conducidas a una estación policial de Ensenada.

Su hermana fue liberada, mientras que Denise y su pareja fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad de Tijuana. Ahí Denise fue torturada física, psicológica y sexualmente para inculparse por un secuestro en el que no participó. Los actos de tortura, que incluyeron amenazas de violencia en contra de su familia, se prolongaron por más de dos días.

Denise declaró en su proceso penal “Nos llevaron a la delegación de Playas de Tijuana he ingresados a la Unidad Antisecuestros y una vez en el interior del lugar los agentes ministeriales …infringieron en mi persona dolores físicos y psicológicos con el fin de obtener información de hechos que desconociera, a lo que respondí que solo me dedicaba a mi hogar y mi familia, como represalia a mis respuestas, fui vendada del rostro, perdiendo visibilidad y esposada a la reja de la celda, donde fui golpeada pateada en repetidas ocasiones en todo mi cuerpo”.

En 2020, conjuntamente el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias enviaron una comunicación al Gobierno mexicano para solicitar información sobre la legalidad de la detención, las demoras en la investigación de las alegaciones de tortura, violación y malos tratos, y sobre las medidas adoptadas para hacer efectivo el derecho de Denise a una reparación, indemnización y rehabilitación socio-médica adecuada.

En 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitió la recomendación 1/2021, que acreditó la vulneración de los derechos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura sexual en contra de Denise. Además, recomendó a la Fiscalía General del Estado realizar las gestiones para la reparación integral de Denise y su pareja, entre otros puntos recomendatorios.

El caso de Denise fue documentado a nivel federal por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien coordina el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, que a su vez es presidido por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. La intervención de Conavim en los últimos meses con diversas autoridades fue relevante para su puesta en libertad.

La ONU-DH México realizó cuatro visitas de documentación en el CERESO desde 2019, recibiendo todas las facilidades de ingreso por parte la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. En coordinación con Conavim, se gestionaron reuniones de seguimiento al caso con la Secretaría General de Gobierno, con la Fiscalía General del Estado, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. También se fortaleció la colaboración con el Instituto Federal de Defensoría Pública.

La ONU-DH destaca la labor de las y los operadores de justicia, durante todas las etapas para la investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos, así como su deber para hacer uso de la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. ONU-DH hace un llamado a detectar y superar las causas estructurales que obstaculizan que se investigue eficazmente e impactan en el funcionamiento de la justicia. Este caso es un referente para fomentar la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos por parte del sistema de justicia mexicano.

La ONU-DH continuará trabajando con las instancias del Estado mexicano y alienta a las autoridades a impulsar la creación de mecanismos de revisión de otros casos de personas injustamente procesadas o condenadas por acusaciones obtenidas con base en la tortura.

Las víctimas de tortura viven con secuelas a nivel personal, físico y emocional. La ONU-DH refrenda su compromiso de acompañarlas en su exigencia de una adecuada atención psicosocial por parte del Estado, así como en sus legítimas demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.