A tres años, aún resuena: ¡Justicia Javier Valdez!

México sigue siendo uno de los países con mayor número de homicidios de periodistas a nivel mundial y un lugar donde muy pocos perpetradores son sancionados por agredir a quienes nos informan. Desde ese fatídico 15 de mayo, el equipo de la ONU-DH en México ha documentado otros 31 asesinatos de periodistas hasta la fecha.

Como lo estableció la CNDH, los y las periodistas son personas que “recaban, generan, procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente”. Cumplen, por lo tanto, con la fundamental función de informar al público. Y son atacados precisamente porque a alguien con el poder para generarles un daño no les interesa ver esa información publicada.

Sin acceso a la información no nos podemos formar opiniones instruidas y subsecuentemente adoptar las conductas consistentes con esas opiniones. Es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.”

En este sentido, la existencia del periodismo libre y sin impedimentos es tan importante para un estado democrático de derecho como lo es un orden constitucional democrático o unas elecciones libres. La libertad de expresión no puede ser sujeta a presiones editoriales, descalificaciones de gobernantes o desprovista de protección cuando se investiguen acciones de actores no estatales.

La efeméride que marca hoy Río Doce como homenaje a su compañero caído, nos obliga a una reflexión sobre qué ha pasado en estos más de mil días que han transcurrido sin una de las plumas más auténticas de México.

Tras el escándalo que supuso el asesinato de Javier, a plena luz del día, en el centro de Culiacán y menos de dos meses después del homicidio de Miroslava Breach, el entonces Presidente de la República se comprometió a reforzar de manera ejemplar los órganos especializados para la protección de periodistas y para la investigación de las agresiones cometidas en su contra.

A día de hoy vemos que todavía no se cumple dicho compromiso. Por un lado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha visto su presupuesto reducido cada año desde 2014 (aprox. 39 mdp) hasta 2019 (aprox. 13 mdp), registrando un pequeño aumento en 2020 (aprox. 14.5 mdp). Por otro lado, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha tenido que lidiar cada año con un incremento exponencial en el número de personas beneficiarias sin el correspondiente aumento de su presupuesto, lo que ha implicado dificultades para la implementación de las medidas de protección en distintos períodos.

Con este contexto y, sobre todo, comparando la cifra de agresiones con el número de sentencias dictadas por los crímenes cometidos, es inevitable expresar que falta un largo camino para garantizar que las y los periodistas puedan contar con un ambiente propicio y seguro para la realización de su imprescindible función.

Javier describió la actividad periodística en Culiacán como “caminar sobre una línea invisible trazada por los malos —que están en el narcotráfico y en el gobierno— en un campo sembrado de explosivos”.

Y a pesar de los avances significativos que se han tenido, esa sigue siendo la realidad para muchos y muchas periodistas a lo largo del país. Su dedicación y tenacidad para literalmente enfrentarse a los varios poderes instalados es motivo de enorme admiración y reconocimiento por parte de todo el equipo que forma la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Javier Valdez vive en el espíritu de sus compañeros y compañeras periodistas que dicen no al silencio y resisten en su compromiso con la verdad y la justicia, a quienes continuaremos apoyando decididamente.